La inexperiencia del IEV en estos ejercicios queda de manifiesto en varios aspectos: las complicaciones logísticas y técnicas que retrasaron el inicio del evento, la falta de señal para quienes lo seguimos en línea, la dinámica accidentada de las intervenciones y la inhábil conducción de la moderadora designada, por citar los que se notaron. Lo cual me remite al tema de estra entrega: los veracruzanos no tenemos experiencia democrática. Y para tenerla, obviamente, es necesario que haya alternancia en el poder.
miércoles, 23 de junio de 2010
La alternancia en Veracruz, indispensable para renovar gobierno
La inexperiencia del IEV en estos ejercicios queda de manifiesto en varios aspectos: las complicaciones logísticas y técnicas que retrasaron el inicio del evento, la falta de señal para quienes lo seguimos en línea, la dinámica accidentada de las intervenciones y la inhábil conducción de la moderadora designada, por citar los que se notaron. Lo cual me remite al tema de estra entrega: los veracruzanos no tenemos experiencia democrática. Y para tenerla, obviamente, es necesario que haya alternancia en el poder.
domingo, 23 de mayo de 2010
El reto de la educación, premisa en la lucha contra el crimen
Viernes 21 de mayo de 2010
Este artículo está motivado especialmente por la terrible y lamentable psicosis y la angustia que imperan en la sociedad civil debido a la brutalidad del crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción de políticos y cuerpos judiciales. Igual que los lectores, convivo a diario con esta realidad a través de rumores de calle, versiones de “fuentes confiables”, los actos mismos que suceden en nuestra ciudad y muchos otros datos que veo y escucho entre mis amigos y conocidos; y en medio de ese miedo a quedar expuestos, a ser víctimas circunstanciales, escribo aquí la consigna que he repetido en esas charlas: No tengas miedo. Recuerda esto: el triunfo final y más grande del terrorismo criminal es infundir temor en la ciudadanía, porque ese es su medio para doblegarla. Ningún poder armado es invencible; Pablo Escobar Gaviria dispuso de un multimillonario aparato de represión criminal en Colombia, del cual sólo quedaron su cadáver abatido en Medellín y bodegas llenas de ostentosa basura, decomisada por el Estado y cubierta de polvo tras casi veinte años de arrumbamiento.
Hoy en el reportaje del noticiero nocturno, cuatro ex mandatarios hispanoamericanos opinan sobre el combate a la pobreza en los países de Latinoamérica; todos coinciden en que los sistemas económicos deben ser capaces de generar riqueza y de redistribuirla para equilibrar el nivel de vida y fomentar el bienestar, así como en resaltar la importancia de la inversión educativa y la transparencia de los grandes agentes económicos en el logro de dichas tareas. Es necesario señalar que el recrudecimiento de la violencia en México está directamente relacionado con el aumento de la pobreza; por citar un ejemplo, desde hace años adolescentes tarahumaras son reclutados por el narco como sicarios y distribuidores en el norte y occidente del país – situación común en todo México –. En las calles la mafia tiene abundante mano de obra barata y disponible, suministrada por una sociedad con altos índices de desempleo, una profunda marginación social y bajos niveles de escolaridad aunados a la pobre calidad de la educación.
En las últimas dos décadas México ha elevado sustancialmente el presupuesto para educación hasta ser uno de los más altos de América Latina, pero sin resultados en desarrollo económico. Por el contrario, la mitad de la población se encuentra en diversos grados de pobreza, los sectores productivos aún no se han articulado y las reformas estructurales para integrarlos están virtualmente desechadas por el Congreso. Una de estas reformas es la del sector educativo; ¿cabe preguntarse por qué hay desigualdad y miseria en un país donde el ministro de Educación carece de maniobrabilidad ante el corrupto dominio del SNTE? Recientemente se decretó la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza, acción que disolvió un ineficiente sistema de corrupción paraestatal; una reforma que termine con los privilegios sindicales, la venta de plazas y la falta de transparencia en el sector educativo mexicano representa un costo político mayor que el de la disolución del SME, pero debe hacerse. No estoy condenando el sindicalismo, sino que recalco la necesidad de desechar el prejuicio de la “herencia revolucionaria” del que durante casi un siglo se han valido políticos oportunistas para defender estructuras caducas como el SNTE, que a cambio de mantener sistemas de prebendas han causado un daño irreparable para las generaciones actuales, y amenazan con perpetuar para las venideras el círculo de pobreza y exclusión del desarrollo.
El costo social de no acabar ya con estos esquemas de ineficiencia institucional, por otro lado, es bastante actual; en 1990 la Asamblea General de la ONU firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo propósito fue consagrar la protección de la infancia por parte de la sociedad y de los estados nacionales. Aquí en México, los sicarios de hoy son los niños de ese entonces, y deben servirnos para no ignorar el escandaloso fracaso de las políticas de desarrollo durante esos años. Desde entonces hasta ahora, los mexicanos liberalizamos el comercio exterior, consolidamos la autonomía del Banco Central, abrimos el sector financiero y logramos la alternancia electoral, pero hemos fallado en revertir la desigualdad social, nuestras finanzas públicas todavía dependen fuertemente del petróleo y no hemos progresado significativamente en mejorar la educación. Ante los mexicanos que vienen detrás de nosotros, somos moralmente responsables de reconocer que el baño de sangre que nos preocupa es culpa de nuestras negligencias en ese pasado reciente; pero para detonar los cambios que rompen el círculo debemos ser conscientes de que las instituciones (públicas y sociales) han propiciado la situación actual y por ello son las instituciones las que pueden y están llamadas a revertirla.
Aumentar los niveles de escolaridad es sólo una parte de la tarea; hay que mejorar la cobertura y especialmente la calidad de programas y docentes, revisando la eficiencia de los presupuestos ejercidos en el ramo. La OCDE recién publicó un estudio que señala la relación entre deserción escolar y criminalidad en Latinoamérica, especialmente en el nivel bachillerato; mantener a un joven más en la escuela es hoy, ya no un desempleado menos, sino un delincuente que se resta de las filas del narco. Hace unos días leí una entrevista a Sebastián Marroquín, hijo del extinto capo colombiano Pablo Escobar Gaviria; me causaron una particular impresión las sencillas palabras de Marroquín, cuestionado sobre la solución al narcotráfico: “Para mí hay que erradicar el consumo. Sin consumo no hay tráfico. Claro que sin tráfico, tampoco habría otro negocio: la venta de armas. (…) Los gobiernos tienen obligación de educar. Este es un problema de educación y de salud pública, y estamos llevando misiles donde debería haber médicos y educadores, para erradicar el consumo”. Y a pregunta expresa del periodista argentino Daniel Sendós sobre si serviría la legalización del consumo: “No lo sé. Mi única certeza es que ya perdimos la cuenta de organizaciones desbaratadas y capos muertos, pero el tráfico sigue creciendo exponencialmente. Y tengo otra certeza: la droga y la supuesta lucha contra la droga dejan muchos huérfanos, y muchas viudas”.
Los comentarios de este hombre, cuyo padre figuró en la lista de Forbes (como ahora Joaquín Guzmán Loera), dejan poco que abundar en la materia. La alternativa contra la violencia criminal no puede ser simplemente responder con violencia de estado, de igual manera que la pena de muerte no es más que la perpetuación del homicidio en nombre de un cuestionable bienestar común. Para revertir el rumbo decadente del país no podemos seguir haciendo lo mismo, se requiere proponer otras alternativas; sacar la agenda política pendiente es un paso obligado para formular una lucha efectiva contra la pobreza. Yo soy partidario de debatir públicamente los tabúes de la sociedad mexicana como la legalización del consumo de drogas; pero la opinión de Sebastián Marroquín va mucho más allá, hasta la raíz misma del problema. Abrir la puerta a otras formas de diálogo, de convivencia y de atención a las problemáticas sociales depende en última instancia de la ciudadanía, y pugnar por ello a través de las instituciones implica una renovación de objetivos, un intento de cohesionarnos como sociedad, que definitivamente vale la pena en el contexto del bicentenario.
domingo, 18 de abril de 2010
RENAUT, un fracaso anunciado
El primer participante de nuestro ejercicio comentó lo siguiente:
M.R.:
“He visto protestas en muchos medios, pero nadie habla de leyes que fundamenten esas protestas, ni de grupos de consumidores que levanten la voz y propongan acciones legales, ni de organizaciones que hablen de amparos, modificación o aplicación de leyes en contra de aquellas que están permitiendo la aplicación del RENAUT.”Será que no tenemos un buen conocimiento cívico y legislativo, será que solo nos dejamos llevar por corrientes propagandísticas de los grupos que se benefician con el incumplimiento de la ley, con el hecho de que ser indisciplinado y moroso es algo muy mexicano, será que no tenemos confianza en nuestros gobernantes??
”Lo dejo en el aire y ojalá alguien explique el por qué no se deben registrar los celulares, pero desde una postura basada en las misma leyes y no en cuestiones subjetivas o viscerales...Lo dejo en el aire y ojala alguien explique el por qué no se deben registrar los celulares, pero desde una postura basada en las mismas leyes y no en cuestiones subjetivas y viscerales…”.
A lo cual decidí comentar:
Fernando:
“Como nuestro ‘tejido social’ es muy diverso y por ello las motivaciones pueden cambiar mucho en una misma corriente, sólo puedo hablar por el perfil donde me identifico, aunque creo que responde a la mayoría de las clases medias de México.
”Para redondear quisiera anotar que si bien estoy en contra del registro, yo registré mi número casi desde que se abrió el sistema. Concuerdo en que las instituciones son mecanismos para respetarse, y sobre todo para USARSE en el empoderamiento de la ciudadanía.Para redondear quisiera anotar que si bien estoy en contra del registro, yo registré mi número casi desde que se abrió el sistema. Concuerdo en que las instituciones son mecanismos para respetarse, y sobre todo para USARSE en el empoderamiento de la ciudadanía”.
M.R.:
“Lo que comentas acerca de que las estructuras de administración pública son vulnerables al crimen y que incluso son cotos desde donde se ejecutan muchos actos delictivos en contra de la ciudadanía, es muy cierto, y es muy cierto que también por eso ya no confiamos en el gobierno y en la aplicación de leyes como el RENAUT, que se hizo al vapor, mientras Leyes más importantes o actualizaciones a ellas, se dejan en el tintero e incluso se eliminan de la agenda de temas a discutir en la cámara de diputados.
”De lo anterior entiendo que una ley como el RENAUT, que no tiene buenos mecanismos que la soporten, y que fue hecha y aprobada casi de forma Express, provoque mucha incertidumbre, y la incertidumbre es la fuente de todos los temores del ser humano. Por eso muchos no le quieren entrar.
”Lo que me pregunto es si como ciudadanos no podemos hacer nada en contra de estas leyes mal hechas, a través de mecanismos que sí funcionan en otros países, donde, por ejemplo, los grupos de defensa del consumidor han ganado batallas en contra de empresas y de leyes injustas. ¿Será que desconocemos nuestros derechos como ciudadanos y los recursos legales que tenemos a nuestro favor?
”Desconozco estos mecanismos, pero podría ser que juntos lleguemos a una conclusión acerca de cómo sería esa forma de defendernos contra estas malas decisiones del gobierno, sin tener que incurrir en un desacato a las leyes, porque también es un hecho que ya es necesario cambiar nuestra mentalidad como mexicanos y dejar de pensar que siempre habrá prórrogas o formas de evadir la ley”.
R.C.:
“Uniéndome a la discusión y complementando todo lo que han comentado, quiero añadir que registrarse es una DECISIÓN. Los economistas postulan que los agentes (en este caso los ciudadanos) son racionales: toman la mejor decisión posible con la información disponible. La racionalidad se da en un esquema donde se calculan costos y beneficios, tomando la decisión si aquellos son menores a estos. De esta manera tenemos ya un marco que permite explicar cualquier tipo de decisión (en este caso, respetar la ley o no - mucha de la corrupción actual, por ejemplo los sobornos, se debe a que los ciudadanos perciben que es más barato inflingir la ley que respetarla -).
”En el caso del RENAUT los beneficios no están claros (se dice que servirá para evitar y disminuir las extorsiones y secuestros) ni tampoco hay seguridad de que lleguen a cumplirse (ya lo anotó Fer al comentar la captura del gobierno por parte del crimen), y por otro lado los costos son muy altos: el organismo, o más específicamente, las personas que manejen la base de datos del RENAUT contarán con información privilegiada de todos los ciudadanos. Datos que pertenecen al ámbito de la privacidad de cada uno podrán ser administrados y observados por un organismo que aún no se sabe del todo cómo operará. Los economistas llaman a esta situación tener 'información privada' lo cual genera 'comportamiento oportunista' (se generan incentivos para aprovechar la información privada de que se dispone para maximizar algún objetivo personal que puede no coincidir con el objetivo social del RENAUT).
”Por ejemplo habría incentivo de vender esa base de datos a empresas -¡Se trata de más de 50 millones de personas con celulares! ¡Muchas empresas pagarían por tener los datos privados de todo ese mercado!- o también -y esto es lo más peligroso- venderla a un grupo criminal). El costo, entonces, es muy alto en comparación a los beneficios.
”La información disponible con que cuenta el ciudadano también incrementa el costo de la decisión: por un lado se tienen antecedentes de un intento parecido con los autos (RENAVE) y que fue un fracaso (el director del RENAVE fue detenido, entre otras cosas, por usar la base de datos del RENAVE para malversar fondos y vender autos ilegales), y por otro lado el ciudadano común no conoce realmente cómo funcionará el RENAUT (la página de Internet no lo explica).
”Finalmente, una empresa telefónica, M., anunció que ellos no cancelarán el servicio a sus clientes que no se hayan registrado, lo cual hace que aumente aún más el costo de registrarse y pierda credibilidad la medida del gobierno.
”Todo esto hace que la mejor decisión posible de muchos ciudadanos sea no registrarlo (por cierto, las cifras de registro parecen estar sobreestimadas y en realidad es menor la cantidad de usuarios que se han registrado a lo que se dice oficialmente). Ya veremos qué pasa después del domingo”.
Nueve días después de terminado el plazo oficial, aún se manejan serias dudas sobre la viabilidad del RENAUT y la consecución del proceso de registro; mañana martes Héctor Osuna, titular de la COFETEL, comparecerá ante el Congreso para dar cuenta del avance del registro y la situación general del RENAUT. En esta sesión se prevé que el priísta Ignacio Rubí plantearía analizar la desaparición del registro en caso de concluir que el mismo carece de utilidad. Yo insisto en que se careció de visión de largo plazo y estrategia de fondo para planear este mecanismo, y no me opongo a que exista pero debe ser revisado. La broma del mes – los 12 mil celulares del presidente Calderón – pide a gritos una mejor organización de las propuestas de la COFETEL para el control de las comunicaciones del crimen organizado.
martes, 6 de abril de 2010
2010 y las propuestas que vienen: cómo nos responden y cómo nos reflejan
En la práctica los mexicanos no tenemos ningún tipo de cultura sobre la rendición de cuentas, y sin tapujos debemos decir que es casi enteramente culpa nuestra y no de los políticos; entre nosotros, ciudadanos de a pie y en la acera, hasta los más elocuentes en nuestras proclamas de transparencia y honestidad nos hemos visto movidos a mover palancas con algún conocido, amigo o pariente cuando no queremos ir al corralón o pagar una infracción de tránsito, cuando queremos “agilizar” un trámite escolar o vernos favorecidos con una prebenda laboral, y aquí caben otros ejemplos que el lector desee agregar. Esto por decir lo menos, habrá que añadir a los conciudadanos menos ejemplares que abiertamente participan de la corrupción y el tráfico de influencias. Con tan cuestionable manera de vivir es difícil que de verdad aceptemos un régimen social de transparencia y legalidad; ¿no se indignaría el lector si después de haber exigido aplicación estricta de la ley, terminara yendo a la cárcel por la “tontería” de descargar o usar software pirata? Pues en esos simples detalles empieza todo nuestro problema; no hablamos sólo del hecho, hablamos de la actitud.
Desde hace tiempo me estoy preguntando por un medio efectivo de darle transparencia a nuestro Congreso, que tiene la atribución de citar a comparecer a todo el mundo pero cuyos miembros no dan explicaciones más que, por desgracia, a sus dirigentes de partido. Recientemente el tema de la reelección nos ofrece una alternativa para incentivar a los legisladores a fortalecer la comunicación que ejercen con sus representados, mediante el cumplimiento y la entrega de resultados; en otros países este mecanismo se aplica con amplia aceptación, y en mi opinión un cambio de este tipo en el sistema electoral mexicano podría ser bueno para abrir canales de diálogo, pero dudo que sea suficiente con que los candidatos presenten un paquete de propuestas fenomenales y utópicas a los electores. De lo que se trata es que estas opciones respondan realmente a las necesidades y demandas que la sociedad tiene para la administración pública, ya que sólo de este modo serían interesantes y competitivas, para usar la expresión de Marcelo Ebrard.
Para que los gobernantes sepan responder a la demanda popular es necesario que existan los canales de enlace, pero sobre todo se requiere que la ciudadanía tome un papel activo en la exigencia de sus necesidades y en la rendición de cuentas de los políticos, ya que sin este rol cívico estaríamos pidiendo que pavimenten la calle con la intención de nunca sacar el coche.
¿Y cómo va la sociedad a empoderarse para alzar su voz y demandar atención y resultados del gobierno? Justamente, ejerciendo su propio poder ciudadano mediante las instituciones como el voto; también fomentando la participación pública a través de las Ong, denunciando los actos de corrupción y no participando de ellos; y enmendando su propia plana, ya que los pequeños actos y las palabras de apatía y negligencia que realizamos a diario (hasta pasarse el semáforo y darle pa’l refresco al agente de tránsito) reafirman nuestra doble moral de exigir rectitud pública y ejercer la ilegalidad privada. Está de pensarse; mientras nos debatimos en si los partidos y los vecinos nos dan desconfianza, subproductos de la descomposición social como el ya muy poderoso crimen organizado se enseñorean de nuestros espacios públicos y nos restan demasiado margen para vivir. Pero nadie ha dicho que la democracia y la libertad sean gratuitas.