Update: La presión de la iglesia hacia la SCJN

El pasado domingo la iglesia católica mexicana se quito la máscara, en una exhibición del cinismo que ya la caracteriza, ahora que ha encontrado en el presidencialismo panista un respaldo a sus posiciones reaccionarias: Carlos Aguiar Retes, presidente de la CEM, envió un mensaje a la sociedad con la gastada retórica de la defensa de la vida (que de paso engloba la defensa del poder mediático del catolicismo en la sociedad mexicana), en un claro intento por presionar a la Suprema Corte para declarar inconstitucional la despenalización del aborto. Nuevamente me permito recordar que Sergio Aguirre Anguiano, quien lleva la propuesta de inconstitucionalidad ante el pleno de la Corte, es un claro aliado de los intereses de la derecha y que fue uno de quienes decidieron negar la evidencia en contra de Mario Marín en el caso de Lydia Cacho. Y nuevamente, me permito hacer un llamado ahora a protestar en contra de esta agresión al estado laico: los ministros de culto religioso no tienen atribución para opinar en cuestiones políticas, y permitírselos ha derivado en una regresión al oscurantismo de la iglesia en el poder. La propuesta de inconstitucionalidad no tiene sustento y es dudoso que se apruebe, como lo demuestran estas patadas de ahogado de la CEM; pero la presión que puede ejercer la sociedad civil es clave para apuntalar nuestras ibertades. Defendamos la vida: una vida de libre albedrío, de vivir y morir con dignidad, de amplio criterio y de tolerancia, de respeto y de igualdad. SÍ al estado laico, SÍ la libertad de la mujer sobre su cuerpo, SÍ a la eutanasia (la muerte digna), SÍ al matrimonio homosexual; NO a la impunidad de la iglesia, NO a su contubernio con los poderosos, NO a su poder en la esfera pública, NO a su pederastía, NO a su hipocresía, NO a su pugna por el control social. Por el futuro, que México se desarrolle sin estos lastres, culturalmente, económicamente, sustentablemente, democráticamente. Por el futuro, que luchemos todos por que así sea.

Spot de la Conferencia del Episcopado Mexicano (Carlos Aguiar Retes):

http://www.youtube.com/watch?v=BE2WtohvznU

Escotes, aborto y pederastas: la amenaza de la iglesia católica en el poder

Los jerarcas de la Iglesia católica mexicana saben que cuando declaran una tontería causan revuelo, de eso no hay duda; por eso me inquieta un poco cuando tal cosa sucede (buscarán distraer la atención de algún hecho relevante). Así las cosas, la declaración del viernes 15 de agosto por parte de la Arquidiócesis de México nos merece atención, pensando en lo que el clero podría estar pensando en ensombrecer. La iglesia católica mexicana “recomendó” a las mujeres evitar el uso de ropa provocativa, de escotes y minifaldas, así como una serie de prohibiciones en cuanto al trato con el sexo masculino “para evitar ser víctimas de agresiones”; ya varios columnistas han abordado el tema en estos días, afirmando con razón que la actitud del clero equivale a culpar a la víctima de una violación por haber sido objeto de tal abuso. Sergio Sarmiento comentó atinadamente que es una indecencia de parte de la Iglesia venir con semejantes moralismos cuando por todos los medios desde el papado de Juan Pablo II ha encubierto con tesón a sus más activos pederastas, y que un razonamiento como el que han expuesto concluye que también los menores víctimas de estos criminales eclesiásticos son los únicos culpables de la vejación en su contra. En fin, estos días no han sido escasos de recriminaciones bien merecidas contra la Arquidiócesis de México. Pero si estas reacciones ellos ya se las esperan, ¿qué velada intención manejarán los secuaces de Norberto Rivera desde su trinchera religiosa? Creo que hay un interesante evento en la agenda política del Distrito Federal que a estos arcaicos prelados les conviene mucho distraer de la atención pública.
En abril de 2007 la despenalización del aborto en el Distrito Federal marcó un importante avance en materia de derechos civiles y de salud pública; este 2008, a más de un año de distancia, las cifras son reveladoras y rebaten rotundamente los argumentos en contra: en el primer año en vigor de la nueva ley, se registraron 7.820 abortos legales, con solo 31 eventos con complicaciones y un fallecimiento. El anterior secretario de salud capitalino, Manuel Mondragón y Kalb (actual titular de la SSP del DF tras la remoción de Joel Ortega por el caso New’s Divine) comentó que un 20% de los casos fueron de mujeres de fuera de la capital, desmintiendo la versión de que la ciudad de México se volvería un centro masivo de abortos. Además, las solicitantes tienen acceso a un servicio de consejería en los hospitales que realizan esta práctica, y las cifras indican que menos de la mitad de las mismas decide abortar por la orientación que reciben. Como era de esperarse, la derecha reaccionó condenando esta modificación a la ley; en mayo de 2007 la CNDH y la PGR iniciaron una controversia constitucional contra la legalización del aborto. José Luís Soberanes y Manuel Medina Mora consideraron violatorio de la Constitución que se permitiera la interrupción del embarazo, pese a que el doctor Raúl Carrancá, uno de nuestros grandes constitucionalistas, advirtió de inicio que la medida no era violatoria de la Carta Magna bajo ningún sentido e interpretación. No suena extraño, ya que el gabinete calderonista ha dado pruebas fehacientes de estar sumido en la más completa ignorancia de la Constitución en toda forma; en fin, el caso es que al día de hoy la Corte se encuentra dividida en la decisión final de esta controversia sin fundamento. La anulación de la reforma a favor del aborto está siendo promovida por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, a quien le debemos, junto con Mariano Azuela Güitrón, que la causa de Lydia Cacho se desechara y se negara la solicitud de juicio político a Mario Marín “porque no hubo pruebas de que se violaron las garantías individuales de la periodista”. Para quienes no son capaces de juzgar lo evidente, no es gratuita la ignorancia de la constitución.
El caso es que este viernes 15 de agosto Sergio Aguirre presentó su proyecto de sentencia para esta controversia, a favor de anular la despenalización, y al parecer cuenta con apoyo de Azuela y del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia. Este oscuro personaje necesita lograr 8 votos de los 11 totales para echar abajo la despenalización y con ello un logro en materia de derechos civiles, que a los sirvientes de la derecha no les sientan bien. Mi punto es que ya en otras ocasiones se ha probado la fuerza de la opinión pública; sin haber estado correctamente encaminada, la movilización ciudadana de López Obrador sirvió para que millones de mexicanos estuviéramos conscientes de las serias dudas sobre temas tan importantes y obvios como la legitimidad de la elección de 2006, la transparencia de las instituciones públicas y la imparcialidad de muchos de los funcionarios del actual gobierno. Sergio Aguirre es un buen ejemplo, al haber dado implícitamente la razón a Kamel Nacif, quien sabemos influye en varios políticos con cargos a nivel federal; otro gran ejemplo, ya experimentado en desvergüenza, es el secretario de gobernación Juan Camilo Mouriño, quien en reunión con la Conferencia del Episcopado Mexicano le ofreció total apoyo a la iglesia católica en contra de esta reforma, torciendo así su función como servidor público. En esta ocasión, el tema es bastante susceptible de presión pública, porque se intenta alienar un derecho fundamental de la mujer a decidir sobre su sexualidad, su cuerpo y su plan de vida, con un argumento endeble sobre “la cultura de la vida” que la iglesia católica es la primera en no apoyar. El alto clero conoce esta situación, y no se me hace extraño que justo ahora los esbirros de Norberto Rivera caldeen los ánimos con una declaración absurda como la de los escotes y la ropa provocativa; esta semana el proyecto resolutivo de Aguirre Anguiano será revisado y se espera que la discusión inicie el 25 de agosto. Si la iglesia logra distraer la atención del mismo, pueden fácilmente dar un “madruguete” con la anulación de la reforma sin levantar mucho polvo. Aún en la Corte el proyecto se ve difícil por la incertidumbre que generan las posiciones de los magistrados, pero definitivamente es un tema del cual debemos estar pendientes.
Una prueba del poder que ejerce la opinión pública la dieron hoy domingo las manifestantes a las afueras de la Catedral metropolitana del Distrito Federal: vestidas con minifalda y empuñando pancartas con frases decisivas como: “De trabajadora sexual o de monja, yo decido el vestido” y “Saquen sus rosarios de nuestros cuerpos”, protestaron enérgicamente contra las declaraciones misóginas y sexistas de la iglesia. Desde luego, Norberto Rivera no podía permitir correr el riesgo de enfrentarse a una turba; las puertas de catedral fueron cerradas, en teoría para resguardar la integridad de los feligreses – y de ninguna manera para resguardar la santa persona del cardenal, quien se ha preocupado más de los manotazos a su camioneta que de sus feligreses agredidos por sus curas pederastas –. Estas manifestaciones son buenas, pero no hay que permitir que caigan en saco roto. El oscurantismo de la iglesia cierne sus sombras esta semana sobre la resolución de la Suprema Corte; si permitimos que den marcha atrás con la interrupción del embarazo, empezarán a obtener poder y prebendas políticas, y seguirán las cacerías de brujas a los abortistas, luego a los homosexuales, posteriormente a las madres solteras, a las parejas en unión libre, y finalmente a los librepensadores y todo aquel que se vuelva en contra del orden y razón del estado eclesiástico. La iglesia como institución de espiritualidad social, es bienvenida; pero que nunca nos vuelva a pasar tener una iglesia tenedora de poder político, porque en esos momentos ha sido cuando el catolicismo nos ha mostrado su naturaleza más intolerante, más cruda y más sanguinaria. Recordemos si no a los maestros mártires de la Guerra Cristera – y no a esos pseudomártires criminales y asesinos cristeros que tanto insisten en canonizar –.

Lección de historia contemporánea: Ortiz, Calderón y la defensa del Banco de México

En días recientes el gobernador del Banco de México, Dr. Guillermo Ortiz Martínez, ha sido objeto de severas críticas ante la presunta laxitud en la actuación del instituto monetario frente al alza inflacionaria. Después de diez años de sólida conducción de la política monetaria mexicana, la capacidad del doctor Ortiz en los círculos financieros internacionales está fuera de toda discusión y se le reconoce como uno de los verdaderos artífices de la estabilidad macroeconómica de México (saco que arteramente se han querido colocar los panistas); sin embargo esto no ha impedido que en diversos medios, evidenciando todos ellos una profunda ignorancia y un contubernio oficialista y tendencioso, se le quiera mostrar como un funcionario incompetente sin voluntad de realizar una maniobra dictada desde fuera de la institución que preside. Para quien escribe estas líneas, dichos ataques son indignantes pero no sorprenden; invito al lector a revisar el pasado reciente de la administración pública nacional, del actual presidente de México y del titular del Banco central en este contexto.
Durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, Guillermo Ortiz fungió como subsecretario de Hacienda entre 1988 y 1994, habiendo ocupado previamente diversos cargos en las áreas de investigación del Banco de México. Con Ernesto Zedillo ocupó la SHCP desde 1994 hasta diciembre de 1998, cuando fue designado gobernador del Banco Central, y en 2004 durante la presidencia de Vicente Fox fue ratificado para mantener el cargo hasta 2010. Mientras tanto, Felipe Calderón era diputado federal en 1992, cuando se aprobó una reforma en materia energética que sentó las bases de la participación de capital privado en la generación de electricidad. Calderón fue uno de los 197 diputados que no se presentaron a la votación final para hacer patente su rechazo a la iniciativa; en aquel entonces los panistas ausentes se justificaron en voz de Fauzi Hamdam, quien declaró que la propuesta era lesiva al artículo 27 constitucional. Unos años después, en 1999, Ernesto Zedillo intentó reformar la Constitución para su propuesta de reforma eléctrica; el presidente del PAN, Felipe Calderón, condicionó la discusión de la privatización del sector eléctrico (sic) a cambio de la renuncia de Guillermo Ortiz a la gubernatura del Banco de México.
Este no es el primer ni el único desencuentro; después del rescate bancario posterior a la crisis de 1994 y durante las discusiones que darían origen al IPAB, el mismo Calderón pidió varias veces la renuncia de Ortiz a la gubernatura del Banco de México (periódico El Informador, diciembre 4 de 1998, páginas 1 y 25). De acuerdo con el presidente del PAN, el problema del rescate financiero se resolvería con la remoción de Ortiz; de cierta forma esta postura obedeció a la idea de constituir al IPAB con funcionarios que no hubieran formado parte de la administración pública en los años en los que se gestó la crisis del sistema bancario, lo cual es razonable. Pero entonces, menos de un año después, Calderón implementa la maniobra política de exigir la cabeza de Guillermo Ortiz a cambio de discutir la reforma eléctrica de Zedillo (a propósito, cuando posteriormente Calderón fue secretario de energía, no tuvo ninguna propuesta en materia de energía eléctrica). Recordemos que Vicente Fox inició su campaña presidencial con inaudita anticipación y para las fechas de que hablamos ya se vislumbraba una cerrada competencia electoral; para los panistas era conveniente tener tantas posiciones en la administración pública como fuera posible, dada la gran influencia mediática que ejerció la campaña foxista y que facilitaba la colocación de sus allegados en puestos clave. No suena descabellado pensar que la sobriedad y prudencia de Guillermo Ortiz se previera como un serio obstáculo para que los panistas de la ultraderecha impusieran su voluntad al llegar al poder, y que semejante lectura llevara a Calderón a formular una exigencia tan retrógrada e irrelevante como aquella. Sin embargo, y para beneficio de México el dr. Ortiz supo conducirse con toda dignidad y se abstuvo de entrar en una polémica que habría perjudicado el primer objetivo de Banco de México: cimentar una sólida reputación que le granjearía su credibilidad actual.
En sus exigencias absurdas de 1999 Calderón reveló la naturaleza de su compromiso con los intereses nacionales (buscando prebendas políticas para su partido); el pasado 4 de junio en Puebla el actual presidente declaró que sería deseable que Banxico disminuyera las tasas de interés domésticas por ser mucho mayores a las de E.U. teniendo una inflación similar, e irresponsablemente soltó al aire: “Ojala la autoridad monetaria (…) tenga esa consideración”. Aún más allá, este nuevo absurdo del michoacano ha servido para confirmar a algunos de sus esbirros en el sector privado: Televisión Azteca se dio a la tarea de secundar el disparate con sus acostumbrados reportajes tendenciosos y críticas malintencionadas en contra del gobernador Ortiz, “denunciando” que éste no sólo no había acatado la voluntad presidencial, sino que había actuado en contrario, llevando las tasas a la alza (lo anterior fue expuesto en un reportaje en el noticiero de Javier Alatorre)*. Esto tampoco es de extrañar; la televisora del Ajusco es experta en desinformar y tratar de polarizar a la opinión pública cuando se trata de alinearse con los intereses de la derecha. Lo que sí es de cuidado es la tendencia del presidente a denostar a los no integrantes del círculo calderonista, que por lo demás está formado por semipolíticos inexpertos, en buena medida inútiles, y para colmo, extremistas de derecha. Hace nueve años Calderón trató de remover a Guillermo Ortiz del Banco de México; hoy se ha atrevido a transgredir una regla económica tácita, que consiste en no contaminar las expectativas del mercado respecto a la actuación del Banco Central. Si Ortiz no hubiese logrado la credibilidad con que hoy cuenta, probablemente hubiéramos experimentado alguna reacción más notoria en los círculos financieros, pero por fortuna el gobernador es un economista experimentado y se ha mantenido fiel al mandato que lo obliga a mantener el control inflacionario.
La gubernatura del Banco se renueva en 2010, y no hay nadie mejor para ocuparla que el doctor Guillermo Ortiz – no contamos con nadie con la preparación académica ni la experiencia financiera que él posee –; además estamos hablando de un funcionario que ha sido consciente de la autonomía del instituto que preside y en esta línea ha cumplido cabalmente con el mandato constitucional de mantener el poder adquisitivo de la moneda (o sea controlar a toda costa la inflación, uno de los muchos atributos constitucionales que Calderón desconoce). Revisando la historia reciente, en materia de desarrollo financiero, de mercados saludables, de estabilidad cambiaria, de buena salud de las finanzas públicas y de conducción de política monetaria, los mexicanos de hoy le debemos mucho al gobernador Ortiz y a la noble institución en que se ha convertido el Banco de México. La permanencia en este cargo es saludable y refleja credibilidad; Allan Greenspan permaneció 19 años al frente de la FED habiéndose convertido en un auténtico gurú económico hasta hoy día. Guillermo Ortiz ha demostrado que posee el carácter, la integridad y la capacidad de dirigir los destinos económicos del país, y es una indignidad del presidente Calderón y de todos sus medios afines criticarlo con argumentos tanto facciosos como falsos. Afortunadamente la autonomía del Banco Central se mantiene a pesar de todo: hoy la tasa objetivo se elevó nuevamente a 8.25 puntos porcentuales en respuesta al pronóstico de mayor inflación en lo que queda del año. Con su sobria actitud, el gobernador del Banco de México defiende su puesto y se esfuerza, como no lo ha hecho el gobierno de Calderón, por cimentar mejores condiciones de desarrollo para los mexicanos.



* El Banco de México es autónomo por mandato constitucional; esto implica que ningún funcionario público fuera del Gobernador puede tomar decisiones, influir en las mismas, o dictar o sugerir pautas de acción para el instituto (así se trate del Ejecutivo, del Presidente del Congreso o de la Suprema Corte).

Crisis financiera: focos rojos para PEMEX

Este martes la agitación fue particularmente marcada en los corrillos financieros internacionales, en una especie de clímax a la tensión vivida en las semanas y meses precedentes; George Bush convocó a rueda de prensa para tratar de dar un mensaje de calma a los mercados ante el panorama económico que conjunta elevados precios del petróleo, una revaluación del euro y el rescate de dos jugadores de peso en el mercado inmobiliario estadounidense. Por otro lado, las bolsas de valores del mundo han persistido a la baja debido a la preocupación por la crisis hipotecaria americana y a los riesgos generalizados de inflación gracias al aumento constante de los precios del petróleo. Tal como numerosos analistas previeron hace meses, cuando se daba a conocer la caída del ramo inmobiliario en EU y se trataban de vislumbrar las repercusiones a mediano y largo plazo, en este momento la magnitud del problema se expande con intensidad a los mercados externos, aún los asiáticos que hoy son golpeados con fuerza: Mitsubishi Financial Group y Matzuho, los mayores bancos de Japón, ven caer el precio de sus acciones al estar expuestos ampliamente a la deuda emitida por las inmobiliarias en rescate. Las tasas de interés se mantienen en revisión a la alza hasta nuevo aviso en un intento por contener la inflación mundial, y el panorama económico global no pinta muy bien; ya que en México estamos ante la coyuntura política de la reforma energética, que busca segmentar a PEMEX para trasladar su propiedad a manos privadas, vale la pena analizar las repercusiones de este escenario de crisis en el contexto nacional.
El amplio sector que apoya la reforma energética (por servilismo al poder antes que por convicción, o por conocimiento siquiera del tema) ha mantenido una reprobable discrecionalidad sobre la misma, de forma que realmente la población mexicana desconoce los pormenores de esta iniciativa; el Canal del Congreso, donde se están transmitiendo los debates al respecto, no tiene cobertura general en la mayoría de los hogares del país, lo cual limita vía ignorancia la capacidad de opinión sobre el tema. Lo que sí se ha hecho es ejercer influencia mediática a través de los spots televisivos que ciertamente hablan de la necesidad de refinar en el país la gasolina y los hidrocarburos que se consumen, pero de forma facciosa y que no mueve a la reflexión sino a la persuasión pasiva. Los sectores de izquierda han mantenido el tema en la mesa de discusión gracias a su aún palpable poder de convocatoria; sin embargo en estos momentos su labor es fácilmente denostada debido al descalabro, también mediático, que en su momento ejerció el delirio de López Obrador al salir a tomar las calles, dañando sustancialmente la imagen del PRD ante la opinión pública y permitiendo así que se abrieran espacios para la concertación clandestina de posiciones con la derecha en el poder. En ocasiones anteriores este autor ha señalado a la falta de información por parte de la opinión pública como causa fundamental de la inmovilidad política; en este momento, el contexto económico debe servir de acicate para prestar atención a lo que se está haciendo en las mesas de debate y a lo que Felipe Calderón planea hacer con PEMEX, ya que hoy más que nunca se resentirán presiones desde EU para abrir la petroquímica a la inversión de capitales externos, dados los altos precios del petróleo. El consumidor de crudo por excelencia se ve en apuros con un gasto energético sumamente elevado, un dólar débil y la mitad de su sector inmobiliario en proceso de rescate; los efectos financieros en las bolsas del mundo encienden los focos rojos de las grandes corporaciones, y los jugadores yanquis del mercado energético que apostaron al proyecto de Calderón para hacerse con el mercado mexicano no desearán perder más tiempo. Si el debate no se legitima con la participación ciudadana objetiva, difundida, y sobre todo AMPLIA, la parafernalia actual de cuarenta y tantos días no habrá servido de nada.
La evolución de la tasa de rendimiento de los CETES a 28 días en el último mes se dio como sigue: 7.74%, 7.75%, 7.76%... y 8.02% el día de hoy; se espera que este viernes 18 el Banco de México eleve la tasa objetivo de 7.75% a 8%, motivo que generó esta reacción de “salto” en el mercado de valores. De otra parte, el crudo finalmente cerró hoy en baja marginal en los mercados internacionales, con 4 dólares de menos; la eliminación de la restricción de exploraciones en las costas estadounidenses (otra medida matutina de Bush) surtió este efecto igualmente marginal, pero ni este anuncio ni las medidas publicadas para el rescate de las inmobiliarias Freddie Mac y Fannie Mae surtirán en realidad un efecto paliativo sustancial. Este artículo empezó bosquejando el plano financiero internacional, con el fin de comentar el panorama de afuera para entender cómo influye en nuestro país, con un clima político enrarecido por disputas ideológicas en torno al destino de PEMEX y viciado por esa “cortina de humo” que tan bien ha ocultado hasta ahora los detalles de la iniciativa. Atender el llamado de la conciencia ciudadana y ser los legítimos auditores de la "reforma" no cuesta nada; entregar gratis a una poderosa petrolera (la nuestra) para que los neoliberales de Calderón hagan fortuna nos costará invariablemente la prisión del subdesarrollo y el colonialismo económico.

El reflejo de la desigualdad en los indicadores económicos y los dobles discursos de la derecha

11 de julio de 2008.

Esta mañana llama la atención un artículo de José Manuel Martínez en la sección de Negocios de CNN Expansión por Internet. El título sorprende en cuanto ofende a la realidad nacional: “¿Cuál crisis? Autos de lujo suben ventas”.; también ofende en cuanto a la seria incongruencia de su título con el texto, que en diversas partes refuta semejante declaración. Y finalmente ofende en cuanto a que refleja, bien una insensible irresponsabilidad del autor, o bien una profunda ignorancia de su parte. El más elemental análisis de la información presentada indica que esta dinámica en las ventas del sector automotriz sólo puede producirse en un contexto de desigual distribución del ingreso nacional, y no percatarse de ello refleja una falta de interés y aún de capacidad para discernir sobre temas económicos y de desarrollo que aqueja a la sociedad mexicana desde hace décadas.
De acuerdo al artículo, el mercado interno se encuentra deprimido por la entrada de vehículos de Estados Unidos; se registra una baja acumulada a 3 años de 29% en las ventas de subcompactos en un contexto de desaceleración de la economía estadounidense (principal mercado de la producción automotriz nacional) y de revisión a la baja de las expectativas de crecimiento en México. En añadidura, este año cerraremos con una inflación notablemente mayor al pronóstico debido a los altos precios de los energéticos y los alimentos, lo cual de paso compromete el desarrollo de nuevos negocios y la generación de empleos, al menos para el próximo año. Nuestros indicadores de desarrollo social dejan mucho que desear en general, y por si todo esto fuera poco, desde que Calderón asumió la presidencia parece que el estado de derecho se tambalea ante los ya varios casos de brutalidad policíaca y de exceso de fuerza por parte del ejército, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, los sectores oficialistas mantienen la creencia de que las políticas económicas en México (de todo punto desconocidas a la opinión pública) están haciendo lo correcto en cuanto a impulsar el crecimiento nacional; no parecen percatarse de que el crecimiento debe reflejarse en el bolsillo de los ciudadanos para que sea auténtico, y que la disparidad tan acentuada en los niveles de vida es la prueba máximo y evidente de un fracaso rotundo y ruidoso de toda política pública que cualquier funcionario federal pueda mencionar.
La perspectiva económica de la derecha apunta a dejar en manos privadas todos los sectores productivos del país; el argumento neoliberal es la libertad de mercados, aduciendo una arcaica idea económica que propone perfecto funcionamiento de los mismos. Aceptar como válida esta teoría implicaría reconocer que toda la ciencia económica no tiene razón de ser: si todos los bienes se asignan de forma eficiente, no hay necesidad de estudiar los mecanismos de mercado ni de luchar contra la pobreza, puesto que no existiría algo semejante. Esto es, pues, un disparate en el mejor de los casos; lo que llamamos fallas de mercado, existen en muy variadas y comunes formas, y la intervención del Estado en la economía tiene la finalidad de corregir tales fallas, que implican que no hay eficiencia productiva o justicia social. El artículo periodístico que nos atañe encierra la contradicción de minimizar la carestía de los mexicanos, al mismo tiempo que revela una baja en las adquisiciones de los sectores medios y un alza en las ventas del segmento alto de la sociedad. Y esta situación comprueba que la desigualdad en México se está acentuando cada vez más conforme pasan el tiempo y las políticas económicas de los conservadores en el poder; la disparidad de ingresos y riqueza es una de las fallas de mercado más lesivas a la integridad social y debe ser tratada como tema prioritario en la agenda pública. En este escenario, es inconcebible darle impulso a políticas de apertura de mercados a la competencia internacional y a mercados externos, cuando los gobiernos panistas no se han preocupado EN ABSOLUTO por brindar apoyos a los sectores productivos nacionales y crear infraestructura competitiva. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha tenido, para nosotros, la debilidad de carecer de aplicación equitativa de condiciones; mientras los gobiernos mexicanos desde Ernesto Zedillo se negaron criminalmente a apoyar al agro por lo establecido en el tratado, los productores estadounidenses fueron ampliamente subsidiados y tuvieron acceso privilegiado al financiamiento. Ahora, Felipe Calderón descaradamente pretende vender la petroquímica nacional con retórica estúpida sobre la conveniencia de privatizar PEMEX (por mucho que se nieguen a utilizar el término); a estas alturas a los mexicanos nos resulta evidente que quien desea exponer a un sector productivo a la competencia internacional sin haber procurado su desarrollo previo, no está buscando el posicionamiento de la actividad económica sino dejar el camino libre para que el sector en cuestión pueda ser apropiado por capitales del exterior. Vamos a reflexionar en términos realistas: el concepto de soberanía no está fuera de contexto ni está pasado de tiempo; se trata de establecer el entendimiento de soberanía no como chauvinismo histórico, sino como manutención de la independencia económica.
Dado lo anterior, el panorama pinta negro para la economía mexicana; mientras tanto la apatía, la ignorancia y la indiferencia entran en contubernio para permitir a Calderón y sus esbirros hincharse a expensas del aparato económico nacional, de cuya venta generarán jugosos dividendos moralmente ilícitos. ¿Cuál crisis? Estamos viviendo varias; la económica es la más palpable, la ideológica social es la más lesiva. Quien pregunte en plan serio dónde está la crisis, no me merece mejor calificativo que el de ser un verdadero animal.


José Manuel Martínez, ¿Cuál crisis? Autos de lujo suben ventas. CNN Expansión online, 11 de julio de 2008. Disponible en http://www.cnnexpansion.com/negocios/2008/07/11/bfcual-crisis-autos-de-lujo-suben-ventas

La conciencia social y el espíritu del Gay Pride

En las primeras horas del 28 de junio de 1969, una redada de la policía de Nueva York terminó en batalla campal con los parroquianos del Stonewall Inn, un bar que atendía principalmente a homosexuales y trasvestis. El colectivo LGTB* conmemora en esta fecha el Día del Orgullo Gay (el Gay Pride), debido a que diversos cronistas coinciden en apuntar que la trifulca del Stonewall marcó el inicio de la lucha organizada de los homosexuales en defensa de sus derechos como ciudadanos, primero en las ciudades de Estados Unidos a donde se extendieron las manifestaciones contra la discriminación y posteriormente en todo el mundo. Los desfiles que en esta fecha se celebran en varias capitales reflejan la pugna por el reconocimiento de las libertades civiles en sociedades que, si bien disponen de mayor apertura que en 1969, aún tienen largas agendas en materia de tolerancia, derechos humanos y convivencia. La conmemoración del Gay Pride, una pugna por la equidad, me sirve para rescatar una importante idea en materia de conciencia social.
Empezaré por exponer el concepto de conciencia social, que he anotado previamente, con el ejemplo de la corrupción. Mi visión de la corrupción en Latinoamérica es sencilla: un servidor público, digamos, un oficial de tránsito que no acepta un soborno es visto con normalidad en Estados Unidos o en Alemania; uno que solamente trabaja por las jugosas ganancias ilícitas de la extorsión también es socialmente aceptado y esperado hacia el sur del río Bravo. La sutil diferencia radica, creo yo, en la importancia que este oficial concede a su trabajo en comunidades desarrolladas: aceptar una mordida implica exponer al peligro a la gente cercana como la familia y los amigos. Este agente reconoce implícitamente que existe un altísimo costo social en la corrupción, y por tanto antepone el deber al interés personal de ganar dinero extra – invariablemente considero a éste el principal motivo de la honestidad de este hombre hipotético, dejando en segundo término el esgrimible argumento de los mejores salarios de que goza un oficial de tránsito en latitudes distintas a las nuestras –. En las calles de Latinoamérica este comportamiento no se hace presente, naturalmente, porque las circunstancias históricas en que ha evolucionado nuestra sociedad llevan al individuo a desconfiar de sus semejantes, quedando su propia supervivencia como el tema central en que se enfoca su vida. Así, el oficial promedio aprovecha la ocasión de aceptar la extorsión, en el mejor de los casos, pensando en elevar el ingreso de su hogar; de paso se evidencia que no hemos superado el nivel de satisfacción de las necesidades básicas. La implicación del daño potencial para los transeúntes que quedan expuestos a un cafre está totalmente fuera de la mente del oficial. Así pues, carecemos de conciencia social.
¿A dónde voy con mi ejemplo? A que todos los sectores sociales reclaman igualdad; y lamentablemente, todos en algún momento han usado su exigencia como parapeto de atrocidades o para tener una plataforma política que les garantice ciertos privilegios a sus representantes. El colectivo LGTB realiza manifestaciones para exigir sus derechos; los pueblos indígenas demandan respeto de los usos y costumbres, igual que las personas con capacidades diferentes. Los movimientos a favor de las mujeres, los adultos mayores, la población en pobreza extrema, los emos… eventualmente todos reclaman igualdad, pero curiosamente todos mantienen filias y fobias genéricas y sin sentido aparente. La sociedad mexicana vive aún con un machismo profundamente arraigado, presente incluso en los centros urbanos de formas estilizadas; en este medio es definitivamente necesario pugnar por la tolerancia, el respeto y la diversidad de género y de preferencia sexual, así como de las manifestaciones de la misma. Sin embargo, es frecuente encontrar personas que hablan de una pretendida tolerancia a condición de no entablar contacto con un gay; por el otro lado, se ha generado una especie de “elitismo intergrupal” que prefiere mantener distancia de individuos de fuera de la comunidad gay. Todos los discursos públicos de uno y otro lado apuntan a tolerancia pero no necesariamente a aceptación, ya que todos mantienen una enfadosa idea de “nosotros” y “ustedes”. Y en este sentido, todos los miembros de la sociedad, todos en nuestras posturas, homos y heteros, todos, hemos fracasado rotundamente en la consecución de la libertad de expresiones humanas que sería deseable para todos. Vale la pena reflexionar al respecto; mientras nos debatimos en la pertenencia de grupos, los verdaderos enemigos de toda libertad (y no sólo sexual, sino de todas las libertades civiles por las que han luchado gays, negros, mujeres y muchos otros sectores) ascienden posiciones políticas y empiezan ya a hacer sentir de diversas maneras la influencia de sus posturas radicales en el afán de cambiar nuestro entorno y “volverlo perfecto”.

* Las siglas LGTB denotan al colectivo Lésbico Gay Transexual y Bisexual, y son comúnmente utilizadas para englobar la diversidad de expresiones sexuales.

Brevísima reflexión sobre la ley antitabaco del Distrito Federal

Soy economista, y por tanto estudié algo de teoría de los incentivos; mención hecha a propósito de mis colegas (en especial mis hermanos de alma mater) que lamentablemente pudieran pensar que toda nuestra noble profesión se reduce a sentirnos pírricamente importantes por hablar en términos crípticos: “¿Y qué opinas de la teoría de Heckscher-Ollin? Seguramente ya estudiaste el modelo de Diamond”... o más peligroso aún, creer por ello que debemos mantener el elitismo académico sobre otros profesionistas. Pensar en estos ecónomos que se forman dogmáticamente en modelos y matemáticas me aterra un poco; habiendo dejado al Colegio la impresión de ser estudiante eficiente, pero irreverente y poco interesado, me llevé a cambio esta perspectiva amplia y tolerante de los puntos de vista discordantes. En fin, este post pretende ser corto; el tema de los incentivos, por lo que sé, no llega a teoría; sin embargo, es un fundamento económico imprescindible en su simplicidad.
La teoría de los incentivos viene a propósito de la Ley Antitabaco que está ya cerca de aplicarse en el Distrito Federal. Yo por suerte ya no fumo; me enganché 5 años, y logré dejarlo después de 4 recaídas. Ahora me molesta el humo; sin embargo, daría mi vida por defender el derecho de cualquier fumador a encender un tabaco junto a mí – a fin de cuentas, siempre tengo el recurso de mandarlo al diablo a fumar a otro lado; entiendo que jurídicamente eso sería un acuerdo entre civiles, y de todas formas mis amigos fuman en las reuniones –. Desde mi óptica de economista, es perjudicial para el libre mercado la nueva obligación de separar las áreas de fumadores en sitios públicos, porque esta disposición eleva los costos operativos de los empresarios que atienden a fumadores; pero mi visión más valiosa es la del liberal que soy, y critica la acción de prohibir el consumo de tabaco en vez de desincentivar su consumo. No es igual convencer a la gente de dejar un hábito nocivo, a simplemente decir “nadie puede hacer esto que está prohibido”.
Entre otras cosas, la teoría comunista del visionario Karl Marx pugnaba por la satisfacción de todas las necesidades de las personas, ello a través de la asunción de todas las funciones del Estado por parte del pueblo (lo cual de hecho implica la disolución del Estado como institución supraciudadana). Su error a la práctica fue simplemente creer que el administrador público puede y debe proveer de todos los satisfactores a la gente. He aquí la falacia, el estado debería proveer las condiciones para que los individuos ejerzan su más completa libertad de decidir el camino que los llevará a la felicidad – sin importar si se equivocan en el trayecto –, y de rectificar sus decisiones. Por ello es irrisorio concebir un estado satisfactor: tal cosa implicaría conocer a cada uno de sus subordinados, o bien imponerles el criterio de los dirigentes del pueblo sobre lo que les es más conveniente, anulando así la más elemental libertad de decidir, que es el pilar del libre mercado occidental. Por eso decimos que quien parte y reparte, …
Contra el consumo del tabaco se han implementado desde hace décadas impuestos especiales, que los economistas llamamos pigouvianos; éstos tienen la función de elevar sustancialmente el precio al público de un bien para que menos gente esté dispuesta a consumirlo. Sin embargo no funcionan como incentivos, porque los bienes adictivos poseen demandas inelásticas: no importa cuán caros o difíciles de conseguir se vuelvan, seguiremos fumando, bebiendo y aspirando heroína al mismo ritmo. A lo que voy con todo este asunto es a que una política pública como la que nos atañe debería elaborarse en base a incentivos y no a prohibiciones; y en todo caso, el libre albedrío es una facultad inalienable del ser humano. No nos hace falta un Estado presto a salvar las vidas de sus ciudadanos a costa de su libertad; sacrificar el libre albedrío no es cuestión de grados, porque es tan lesivo a la libertad prohibir el cigarro como prohibir la crítica al gobierno en turno, la manifestación colectiva o la libertad de prensa. Un pueblo que permite con su indiferencia la alienación paulatina de sus derechos terminará capturado por las clases en el poder; y en México esas clases convergen en un grupo oscuro y represor que busca precisamente que su poder crezca sobre el libre albedrío ciudadano, destacando en ese grupo la iglesia católica, la elite empresarial y los conservadores de la derecha panista.
En resumen, como exfumador me solidarizo con quienes sí se han animado a protestar por la restricción absurda de fumar – algunos intelectuales y gente de izquierda como Nicolás Alvarado –, y enciendo un tabaco simbólico a su causa. Si la ALDF busca menos contaminación - por increíble que parezca se llegó a manejar este argumento para justificar la reforma -, podría incentivar a los centros de verificación a regularizarse y mantenerlos monitoreados, y también obligar a la industria a ser limpia y con verdadera responsabilidad social, antes que perder el tiempo en sandeces.

Periodistas en el frente, sociedad en disyuntiva

Hace unos días leí el ofrecimiento que Louise Arbour, Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hizo a Lydia Cacho de recibir apoyo de la ONU para salir del país y solicitar asilo político, luego de considerar que las garantías individuales de la periodista mexicana pudieran ser vulneradas nuevamente; esto luego de que la Suprema Corte de Justicia determinó en noviembre de 2007 que las grabaciones telefónicas de Mario Marín y Kamel Nacif no constituyen pruebas de violación grave de sus garantías, anulando la posibilidad de llevar a juicio político al Gober Precioso. En el blog de Lydia Cacho, la nota más reciente refiere su encuentro con Arbour así como ofertas similares de otros países. En el texto la Cacho afirma categóricamente su intención de quedarse en el país y mantener la cruzada cívica en que ha erigido su investigación; este particular me recuerda parte de una vieja charla con un amigo.
En aquella oportunidad alguien había lanzado la pregunta “¿Quién dirías que es el mejor periodista de México?”; mi amigo respondió: “Hay varios; la mejor es Carmen Aristegui; luego Carmen Aristegui; y también me gusta Carmen Aristegui; nadie más”. Yo afirmé que el mejor de cuyo trabajo tenía constancia era Julio Scherer. El criterio que ambos usamos fue la imparcialidad y el profesionalismo. Y habiendo presenciado la evolución del caso de Lydia Cacho, quiero recordar en este post a quien considero (bajo ese mismo criterio) el mejor periodista mexicano que ha ejercido la profesión.
El 27 de noviembre de 1997, Jesús Blancornelas fue objeto de un atentado con armas largas, en el que murió su guardaespaldas Luís Lauro Valero y él quedó gravemente herido, pero no muerto. Don Jesús era fundador y entonces codirector del semanario Zeta de Tijuana, que se había dedicado a denunciar las actividades del cártel de los Arellano Félix; su trabajo era una temeraria labor de denuncia con nombres y apellidos de los implicados, sin que le importara cuán grande pudiera ser la represalia. Con redoblada seguridad, Blancornelas siguió recibiendo amenazas de muerte en los siguientes años (después de 3 meses de convalecencia regresó a su incisiva labor periodística con la misma convicción de siempre), y sobrevivió hasta el 24 de noviembre de 2006, cuando murió víctima de una afección pulmonar crónica; esta afección lo había retirado en abril de la dirección de Zeta. Son conocidas las amenazas, atentados y ataques que sufrió el semanario desde su nacimiento, las cuales incluyeron además el homicidio en 1988 de Héctor Félix Miranda, socio de Blancornelas, presuntamente muerto por órdenes de Jorge Hank Rohn.
La labor periodística en México ha sido continuamente vulnerada en el pasado reciente, y el momento histórico parece exigirle al sistema político (en pos de su propia supervivencia) la supresión de los medios de denuncia ciudadana y aún de información. Recientemente Carmen Aristegui salió del noticiero Hoy por hoy, de W Radio; el motivo fue una “incompatibilidad editorial” debida a cambios en la empresa. Es curioso; fue ella a quien Felipe Calderón declaró su famoso “haiga sido como haiga sido, yo gané”. También fue ella quien reveló el escándalo de las llamadas entre Mario Marín y Kamel Nacif. De otra parte, el plano informativo parece haber quedado dominado por el duopolio televisivo, que no ha tenido empacho en mostrar su favoritismo a la oligarquía económica nacional al tiempo que desacredita la expresión opositora. Y la investigación que condujo Lydia Cacho sobre las redes de pederastia finalmente mereció el descrédito de la Corte, señal alarmante de dos cosas: primero, que la labor periodística legítima está siendo presionada a doblegarse y quedar a modo del régimen, y segundo, que las instituciones que conservaban aún credibilidad y respeto de la opinión pública ahora están capturadas por los intereses de la derecha. Esta situación, si atendemos a la experiencia histórica, es más grave de lo que suena: instituciones públicas vulneradas, oleadas de violencia y una militarización del territorio nacional, ataques y denostación a periodistas que disienten del régimen, podrían estar marcando el inicio de un mandato abiertamente autoritario y represor de los derechos civiles como los que Latinoamérica experimentó en el siglo XX. Estos periodos estuvieron marcados por sangrientas represalias contra la libertad de expresión, desaparición de activistas, disolución de garantías y encarcelamiento injustificado. Y desde luego, también por la aparición de guerrillas y grupos paramilitares en respuesta a los excesos del Estado autoritario, los cuales no tienen justificación en sus movimientos terroristas y reaccionarios, aunque son un producto de la sociedad amordazada.
Las guerrillas pueden y suelen degenerar con el tiempo, convirtiéndose en grupos de interés per se, y en ese momento se vuelven nocivas. En última instancia, toda revolución llevada a punta de pistola no ha hecho, desde el inicio de los tiempos, más que cambiar la titularidad de los estados opresivos; la desigualdad social que argumentaban los bolcheviques para levantarse en armas fue un móvil legítimo, pero la revuelta únicamente trasladó a sus manos el régimen coercitivo al fin de la Revolución Rusa.
Hace poco me preguntaron por qué motivo iría a la guerra; siendo poco convencional, respondí una tontería en la que creo absolutamente: “por conservar la libertad de echarme a la sombra de un árbol, a ver cómo atardece”. La ambición de los poderosos por someter las vidas y voluntades de los pueblos es, a mi parecer como liberal, una declaración de guerra. En más de un sentido ya vivimos en estado de sitio, entre la inseguridad, el narcotráfico, las ejecuciones, la corrupción y el fraude, y la ciudadanía parece estarse acostumbrando a vivir amedrentada. Soy partidario de las revoluciones culturales como único medio efectivo de transformación social; pero también soy por definición enemigo del yugo y la sumisión. ¿Qué pasaría si el temeroso eleva la voz sin temer las consecuencias? En este contexto de denunciantes silenciados, de ejércitos infiltrados, de repliegue hasta de la misma policía ¿Quién querrá quedarse en el frente de batalla? Don Jesús Blancornelas se quedó (y por cierto, no pudieron con él); Lydia está decidiendo quedarse. Y nosotros, lector: ¿nos quedamos?

Lydia Cacho:
http://www.lydiacacho.net/

Mouriño y las caricaturas. Una farsa en Gobernación

Desde niño me gustan mucho los cartones políticos; entonces era muy divertido ver una representación tan cómica y a la vez tan precisa de las personas. Después, al interesarme en temas de administración pública, también fue muy divertido analizar el ingenio de que se vale la caricatura para criticar, denunciar y mover a la reflexión respecto de la actuación del Estado. Hoy día reviso constantemente los cartones de periódicos, revistas y sitios de noticias, pues creo que tienen una capacidad informativa semejante a la labor periodística convencional; en sociedades como la mexicana contemporánea, aventuraría incluso que la caricatura puede tener más eco que otras formas de comunicación, dado el escaso interés por la lectura que en promedio caracteriza al país desde hace años.
En fin, que uno de mis moneros preferidos es José Hernández, quien actualmente ilustra la última página de la revista Proceso (por esa insigne página pasaron caricaturistas de la talla de Trino, Jis, y el fallecido Roberto El Negro Fontanarrosa). Pensar en esta revista me lleva a recordar su portada de la semana pasada, que muestra dos documentos a nombre de Juan Camilo Mouriño exhibiendo cada uno dos nacionalidades distintas. Desde su nombramiento como titular de Gobernación se han ventilado en diversos medios – y con diversas tendencias y sesgos – las dudas acerca de su nacionalidad mexicana debido a su ascendencia. Pero se ha mencionado con mucho menor empeño que en 1996 Mouriño ingresó al país procedente de Estados Unidos con un pasaporte español expedido por el Consulado de España en Miami, lo cual implicaría la automática pérdida de la nacionalidad mexicana que protestó en 1989 (hecho documentado por el periódico El Sur de Campeche). A las preguntas y protestas acerca de la legitimidad del gobierno de Felipe Calderón – quien busca con Mouriño consolidar el respaldo de su gabinete y de los sectores de peso hacia su mandato, luego de la accidentada e irrelevante gestión de Francisco Ramírez Acuña –, se sumará ahora la inestabilidad generada por la posibilidad de que Juan Camilo Mouriño incurra en el delito de uso indebido del servicio público, al no reunir los requisitos legales ni para ocupar la SEGOB, ni para haber sido diputado federal (en la LVIII Legislatura) ni diputado local en el Congreso de Campeche, cargos que en efecto desempeñó. Y el gobierno federal sigue ocultando con descaro sus talones de Aquiles, ahora al restarle importancia a la alarmante situación de nombrar a un extranjero para un cargo público en el gabinete de Calderón.
Hay dos agravantes; una es que Mouriño, como buen neoliberal, ha revelado ser un extremista intolerante y cerrado al diálogo con algunos sectores sociales, en particular con los opositores, luego de declarar que el EPR “merece la condena unánime” y que no habrá diálogo con este y otros grupos inconformes. Esta situación es grave considerando que Ramírez Acuña, tan intolerante como él, carecía no obstante de la habilidad del español para infiltrarse en las más altas esferas de la elite empresarial y económica de México, lo cual apunta a una gestión ya no influenciada, sino abiertamente dirigida desde estos sectores en detrimento del diálogo y contra la expresión de los grupos sociales (obligación inherente al cargo del secretario de Gobernación), a favor de la oscurantista ignominia que los poderosos pretenden ejercer. La otra es que se está llevando a cabo una vergonzosa maniobra mediática para pulir, y por desgracia trivializar la imagen de Mouriño como funcionario público; el secretario apareció en la portada de la revista Quién, con un titular harto denigrante y que no vale la pena mencionar. En este y otros intentos se busca dar a Camilo Mouriño una imagen de figura de sociedad y estrella televisiva que no podría ser más insultante al alto cargo público que desempeña; aunque tampoco es de extrañar, siendo heredero de un imperio económico gasolinero en el sur del país y habiendo recibido su formación profesional en una escuela de economía de los Estados Unidos. Un ministro inexperto, marcado por sospechas de ser un mentiroso y que muestra así estar diametralmente alejado de la representación pública que obliga a un Secretario de Gobernación.
Afortunadamente, tenemos en la caricatura una poderosa arma de denuncia, que además es un buen remedio para liberar el desconcierto y la indignación causados por este personaje. Hoy quiero dejar aquí el vínculo a la caricatura de esta semana en el website de José Hernández, uno de nuestros moneros contemporáneos dedicados con más fervor a mostrar en la sátira un instrumento de reflexión para la sociedad mexicana. Personalmente me mantengo en una posición algo más mesurada que la de Hernández y sus colegas; sin embargo creo firmemente en la libertad de expresión y en la obligación ciudadana de mantenernos tolerantes y abiertos al diálogo y confrontación de ideas. Por ello, les dejo las delicias de un Mouriño caricaturesco, debatiéndose en sus aires de estrella de cine y seduciendo a las petroleras internacionales, “privatizando PEMEX y nacionalizando a mamá” y enrolándose en otras varias y divertidas escenas.
Y ya que he tocado aquí los nuevos disparates de un nuevo derechista reaccionario en el gobierno federal, aprovecho para tratar de sembrar una reflexión en la opinión pública: ¿será que nadie ha visto las portadas de esas revistas que hemos citado? ¿Nadie habrá notado la intolerancia del español Mouriño? ¿Y toda la clase trabajadora de México pasó por alto o no escuchó los reportajes en diarios y noticieros sobre las incongruencias del secretario de Gobernación? Vamos, ¿por qué no escucho quejas? Seguramente sí las vieron; y seguramente las han ignorado bajo las premisas de la incapacidad ciudadana por protestar y la degeneración política que impide la posibilidad de cambio. En la pasada campaña presidencial tuvimos el intento de Jorge Castañeda por lanzar una candidatura independiente, que no prosperó porque si bien se contempla esta garantía en la Constitución, no contamos con un marco legal electoral que previera esta circunstancia. Y la ciudadanía no pareció verse interesada en la práctica anulación de una garantía constitucional aún pese a la atención que de todas partes atrajo la elección del 2 de julio de 2006. Hoy volvemos a estar aletargados por la televisión amañada y parcial, por la influencia de grupos como la iglesia católica y la elite empresarial, por nuestras carencias informativas, educativas y culturales; en este estado de cosas, ¿podremos emitir una exigencia, válida completamente, de sensatez y congruencia del gobierno federal y sus funcionarios? ¿Será que encontremos camino para ejercer presión, esta vez de la sociedad, única legítima sobre un gobierno, para que Calderón y Mouriño se dejen de estratagemas de ocultamiento de información, uno de su cargo y el otro de su pasado? ¿Será que podamos construir un espacio crítico y reactivo – que no reaccionario – a las acciones del poder público?
Porque francamente, no tenemos otra opción; si no la tomamos ya, mantendremos nuestra actual y lamentable situación. Nosotros, ciudadanos, hemos permitido que a nuestra ciudadanía, a la identidad nacional, a la cultura, al desarrollo, las conviertan estos panistas ultra conservadores, ultra convenencieros y ultra estúpidos, en una vil caricatura. El IFE ha perdido toda su credibilidad, la Suprema Corte ha prostituido la justicia y la imparcialidad ante Mario Marín el Gober precioso, y el país está militarizado con el infantil pretexto de la lucha contra el crimen organizado. México se ha vuelto, como en las hilarantes tiras de José Hernández, protagonista recurrente de una caricatura de farsas lastimeras. Y por desgracia para los mexicanos de las clases fregadas, nuestra propia caricatura no nos inspira mucho más que risa. El dibujante de un cartón debe hacer gala de inteligencia en la sátira; los autores de nuestra caricaturizada decadencia han demostrado no tener ninguna (baste recordar las brutales incoherencias del sexenio foxista). Y peor aún es que el cuerpo social carezca de inteligencia para descubrirse manipulado, o para ser testigo de ello y mantenerse en silencio, en espera de la próxima edición de su farsa miserable.

José Hernández en Proceso (desde su website):
http://www.monerohernandez.com/SITIO1/MONOSAPIENS/GALICIA/galicia.html

José Hernández en El Chamuco:
http://www.elchamuco.com.mx/hernandez.html

Febrero 5: modernización energética y reforma constitucional

El aniversario de la Constitución nos alcanza este 2008 en la antesala de la discusión en el Congreso por las reformas al sector energético, las cuales se rumora prevén modificaciones a la Carta Magna para abrir CFE y PEMEX a la inversión privada (dicho esto de manera muy simplista). Desde Ernesto Zedillo el tema dio pie a contiendas entre los legisladores, enfrentándose tanto la defensa de la soberanía como la necesidad de modernizar las empresas estratégicas. Ahora Felipe Calderón tiene a esta reforma como uno de los pilares que definirían la primera parte de su administración, mancillada por las dudas sobre la legitimidad de la elección presidencial. A propósito de esta coyuntura vale la pena anotar algunos puntos relacionados con el tema.
Sobre la privatización de las empresas del sector energético, es dudoso que la misma se realice; además de que los más variados sectores se oponen a ella – incluyendo aquellos con injerencia en la decisión oficial –, está claro que el Estado tiene plena capacidad para sanear algunos de los vicios más arraigados que han impedido el desarrollo de PEMEX y CFE (como el asfixiante régimen fiscal y la corrupción sindical) sin necesidad de asumir el costo político de vender las paraestatales. De lo que puede estarse hablando (ahora con un matiz de necesidad) es de la forma de incentivar y controlar desde la iniciativa privada la producción de energía renovable, área cuyo aprovechamiento ya es tan urgente como el saneamiento de las energéticas. Hoy día no tenemos en México ni investigación para el desarrollo de fuentes alternativas de energía ni instalaciones para el aprovechamiento de las abundantes fuentes renovables del país. Empero, es imprescindible elaborar una adecuada planeación y contar con un marco regulatorio ex profeso antes de abrir paso a la inversión privada en cualquier segmento de la producción de energía; recordemos la privatización de la telefonía, que buscaba terminar con la ineficiencia de un monopolio público y terminó en el deplorable control de precios y oferta de servicios del actual monopolio privado.
Acerca de la apertura de las paraestatales al capital privado, es preciso anotar: el Estado conserva en todo momento por facultad constitucional la propiedad de los bienes de la nación, y cuenta por tanto con derecho y capacidad para dirigir la actuación de los particulares en la operación de las industrias estratégicas. Parte del motivo por el que ha crecido indebidamente el poder de mercado de los monopolios en diversos sectores económicos ha sido el contubernio vergonzante del Estado regido por la derecha, cuyos titulares se han preocupado por ganar el favor de los dueños del capital nacional y extranjero (lo cual de paso nos remite de nuevo al tema de la legitimidad del gobierno de Calderón y su necesidad de apoyo de las altas esferas industriales). Los analistas financieros, economistas y expertos de negocios en general tradicionalmente aceptan el paradigma neoliberal del libre mercado y la no intervención del estado en la economía; pero por desgracia todos parecen haber olvidado que la función esencial del estado es la de mantener la regulación que corrija las fallas de mercado, que siempre se presentan. Semejantes fallas incluyen la excesiva concentración de poder monopólico, la consecuente falta de opciones de consumo para el comprador interno, la competencia desleal y la falta de transparencia de los inversores privados, y han agudizado la desigualdad social que aqueja a la mayoría de la población ante la tolerancia de un gobierno que desde Vicente Fox se ha mantenido en silencio.
Y respecto de las modificaciones constitucionales, a propósito de las que podrían tener lugar en el marco de la apertura del sector energético, yo voto por que seamos ciudadanos críticos antes que nacionalistas exacerbados: la ley es un medio y no un fin. Las normas son producto del momento histórico de los pueblos, y por naturaleza deben evolucionar para adecuarse al desarrollo, a las nuevas condiciones sociales. El mercado energético mexicano es un monopolio gracias al cual pagamos electricidad cara, gasolina cara y la manutención cara de una industria hoy obsoleta, que bajo el esquema vigente reduce la riqueza y la capacidad de desarrollo de todos los mexicanos, lesionando nuestra soberanía antes que protegerla. Lo que sí expresaría identidad nacional es dar seguimiento objetivo a las maniobras que pudieran estarse realizando en el sector, puesto que la ciudadanía organizada puede convertir a la libre expresión (garantía individual consagrada en la Constitución) en arma y defensa poderosa. Ya existen convenios con particulares que generan su energía y pueden vender los excedentes; contrario a los argumentos de algunos legisladores perredistas esta situación no es necesariamente señal de una privatización de la industria. Una adecuada normatividad para estas actividades puede asegurar la rectoría del estado en el sector y al mismo tiempo modernizarlo en segmentos que permitan reducir costos y aumentar la eficiencia, logrando el acceso de los consumidores a productos de mayor calidad. En ese sentido la legislación responsable implica transparencia, y ésta tiene su mejor estímulo en la participación ciudadana mediante la crítica, el debate y la opinión. El estado de inopia al que se ha acostumbrado la población mexicana (influenciada perniciosamente por el escaso interés dado a la cultura, el deporte y el desarrollo de educación de calidad) amenaza con dejar a la Constitución, y aún a todo el aparato legal, como meros alfiles del capitalismo neoliberal montando una parodia de progreso; la opinión pública tiene una baraja que puede decidir el rumbo del crecimiento nacional, pero debe interesarse por ella para aprovecharla.

La culpa de Maciel, solapada en la ignorancia pública

Esta mañana mientras escuchaba el noticiero supe de la muerte del sacerdote católico Marcial Maciel, fundador de la orden de los Legionarios de Cristo; la nota se repitió a lo largo del día, y no le habría prestado mayor atención de no ser por la forma en que se transmitió por Televisión Azteca. La semblanza del prelado, signada por Oscar Campos, contiene prácticamente los mismos detalles difundidos en televisión y habla acerca de su trabajo y logros como superior de la orden, mencionando la “vida reservada de oración y penitencia” que a instancias del Vaticano llevó Maciel al final de su vida. Curiosamente, no se hace ninguna referencia a que semejante “invitación” de la Santa Sede fue la conclusión al escándalo de pederastia en el que se vio envuelto el sacerdote desde la denuncia en 1997 de ocho de sus víctimas, y la olvidadiza y discreta cobertura de TV Azteca pareciera disculpar, igual que muchos, las acciones de Maciel, que desde los cincuentas aparecen referenciadas hasta por él mismo según la carta dirigida a Juan Pablo II por los ocho exlegionarios denunciantes, y publicada en la revista Milenio, el 8 de diciembre de 1997. Si la opinión pública es escasamente conocedora de estos datos es por la presión que para ello han ejercido los Legionarios de Cristo y sus simpatizantes, apuntalados ante la cúpula del poder económico mexicano.
Para beneplácito de los jerarcas católicos, parece difícil discutir el tema ante la sociedad por el profundo arraigo de esta religión en la idiosincrasia nacional, y por la forma en que dicha circunstancia es usada por el estado eclesiástico para influir en la postura de la opinión pública. Sin embargo, es de sentido común concluir que el abuso sexual de menores es un crimen desde todas sus facetas, y ya han salido a la luz otros casos, como el de Nicolás Aguilar, que revelan el problema que presentan a la sociedad estas conductas persistentes. Sabiendo que, en contraste a otros países, en Latinoamérica basta la influencia cultural del clero para garantizarle impunidad, el epitafio “descanse en paz” se antoja humillante y burlón ante las voces que reclaman justicia, posible ahora sólo en una investigación pública, objetiva y severa de las autoridades eclesiásticas que revele sin exageraciones ni defensas fanáticas las responsabilidades de Maciel y de todos los ministros acusados de pederastia y cargos similares. La invitación del Vaticano (cuya indagatoria sobre Marcial Maciel fue iniciada por Joseph Ratzinger cuando éste era jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe) para que el acusado abandonara la vida pública fue un avance; pero es tiempo de que como sociedad exijamos pleno reconocimiento de los hechos, así como congruencia de una iglesia más política que religiosa, y que en los últimos años parece ir en contra de libertades civiles tan elementales como la expresión artística, la enseñanza laica, un estado clerical no involucrado en política o el derecho a la salud pública, amén de que además se ha dedicado a comprar el silencio de las víctimas de abusos sexuales para evitar acciones judiciales que pongan a sus ministros en entredicho.
Y no, yo no anoto un “descanse en paz” ni le deseo tal descanso al criminal Marcial Maciel. Nuestra dignidad como sociedad y la conciencia nacional, laceradas por los nuevos delirios del clero mexicano (permitidos en los complacientes gobiernos panistas), no podrán descansar mientras no haya justicia y se recupere el respeto por los ideales liberales que nos han permitido alcanzar las citadas libertades civiles. Y sobre todo mientras no tornemos a ser una comunidad crítica e informada, en congruencia con esos ideales.

Primera entrada: introducción y motivos al lector

Antes que nada, aclaro: no me agradan los blogs. Mis amigos más cercanos lo saben. Siempre me han parecido un recurso comunicativo propio de gente muy solitaria – de antemano pido perdón por herir susceptibilidades con mis prejuicios –. Leo algunos, pero ni siquiera hago comentarios; he mantenido esta aversión tal vez bajo el estigma de aquellos blogs que he visto y me han parecido patéticos. De esta forma, mi falta de aprecio por sitios como éste debe ser sin duda culpa mía, y no de los autores de sus contenidos.
Abrí este espacio, sin embargo, con la motivación personal de hacer circular ideas. Durante mucho tiempo me he quejado de la degradación de las clases políticas – porque redundan en un nulo desarrollo material de las localidades –, de la falta de contenidos televisivos con un mínimo de inteligencia, del predominio destructivo que ejercen los intereses de las élites empresariales del país, de nuestro escaso interés como ciudadanos por la difusión y el desarrollo cultural, de los adolescentes y adultos jóvenes con plena convicción de no ser agentes de cambio social… El narcotráfico, la Mara, los Zetas y los programas de desarrollo social entre muchos otros temas no me interesan; forman parte del enfadoso espectáculo que a veces llamamos “pan y circo para el pueblo”.
También decidí abrir este blog a instancias de un buen amigo y colega, a modo de pilar que sustente un proyecto personal conjunto; de paso, me sirve para tratar de fomentar el debate que espero pueda forjar en la nuestra una sociedad crítica, observadora de su entorno, informada y que conozca el peso que por naturaleza tiene su opinión ante el poder público. Intentaré escribir con la mayor objetividad y responsabilidad, pero sin adornos; me agrada aplaudir lo que me parece bien y criticar lo que desapruebo aunque le pese a la mala conciencia de los sordos. De la misma forma, los invito amplia y sinceramente a leer, reflexionar y comentar mis entradas (aunque el aspecto más importante tal vez sea la reflexión). Prefiero la verdad a la censura; deseo que este espacio sea un encuentro de opiniones, en atención al espíritu universitario de luz y conocimiento que juro defender toda mi vida. Siéntase libre el lector de anotar lo que le plazca; no quiero gentileza, pido objetividad. La dibujante y buena amiga mía Leslie Simonin ha anotado: “Estoy harta de los actores y de los cobardes”. Con perdón de ella, pendiente de conceder, retomo esta frase como el móvil para abrir mi bitácora, que pretende ser un lugar de ideas, de debate y de libre expresión.
Sin más que decir, reitero mi intención de propiciar desde aquí el ejercicio mental de analizar nuestro entorno y ser agentes de cambio para el mismo. Y como prueba de ello, los animo a leerme con agudeza y objetividad; critiquen severamente este blog, y háganlo trizas. Tener razón no es algo que busque con mis artículos.