El aniversario de la Constitución nos alcanza este 2008 en la antesala de la discusión en el Congreso por las reformas al sector energético, las cuales se rumora prevén modificaciones a la Carta Magna para abrir CFE y PEMEX a la inversión privada (dicho esto de manera muy simplista). Desde Ernesto Zedillo el tema dio pie a contiendas entre los legisladores, enfrentándose tanto la defensa de la soberanía como la necesidad de modernizar las empresas estratégicas. Ahora Felipe Calderón tiene a esta reforma como uno de los pilares que definirían la primera parte de su administración, mancillada por las dudas sobre la legitimidad de la elección presidencial. A propósito de esta coyuntura vale la pena anotar algunos puntos relacionados con el tema.
Sobre la privatización de las empresas del sector energético, es dudoso que la misma se realice; además de que los más variados sectores se oponen a ella – incluyendo aquellos con injerencia en la decisión oficial –, está claro que el Estado tiene plena capacidad para sanear algunos de los vicios más arraigados que han impedido el desarrollo de PEMEX y CFE (como el asfixiante régimen fiscal y la corrupción sindical) sin necesidad de asumir el costo político de vender las paraestatales. De lo que puede estarse hablando (ahora con un matiz de necesidad) es de la forma de incentivar y controlar desde la iniciativa privada la producción de energía renovable, área cuyo aprovechamiento ya es tan urgente como el saneamiento de las energéticas. Hoy día no tenemos en México ni investigación para el desarrollo de fuentes alternativas de energía ni instalaciones para el aprovechamiento de las abundantes fuentes renovables del país. Empero, es imprescindible elaborar una adecuada planeación y contar con un marco regulatorio ex profeso antes de abrir paso a la inversión privada en cualquier segmento de la producción de energía; recordemos la privatización de la telefonía, que buscaba terminar con la ineficiencia de un monopolio público y terminó en el deplorable control de precios y oferta de servicios del actual monopolio privado.
Acerca de la apertura de las paraestatales al capital privado, es preciso anotar: el Estado conserva en todo momento por facultad constitucional la propiedad de los bienes de la nación, y cuenta por tanto con derecho y capacidad para dirigir la actuación de los particulares en la operación de las industrias estratégicas. Parte del motivo por el que ha crecido indebidamente el poder de mercado de los monopolios en diversos sectores económicos ha sido el contubernio vergonzante del Estado regido por la derecha, cuyos titulares se han preocupado por ganar el favor de los dueños del capital nacional y extranjero (lo cual de paso nos remite de nuevo al tema de la legitimidad del gobierno de Calderón y su necesidad de apoyo de las altas esferas industriales). Los analistas financieros, economistas y expertos de negocios en general tradicionalmente aceptan el paradigma neoliberal del libre mercado y la no intervención del estado en la economía; pero por desgracia todos parecen haber olvidado que la función esencial del estado es la de mantener la regulación que corrija las fallas de mercado, que siempre se presentan. Semejantes fallas incluyen la excesiva concentración de poder monopólico, la consecuente falta de opciones de consumo para el comprador interno, la competencia desleal y la falta de transparencia de los inversores privados, y han agudizado la desigualdad social que aqueja a la mayoría de la población ante la tolerancia de un gobierno que desde Vicente Fox se ha mantenido en silencio.
Y respecto de las modificaciones constitucionales, a propósito de las que podrían tener lugar en el marco de la apertura del sector energético, yo voto por que seamos ciudadanos críticos antes que nacionalistas exacerbados: la ley es un medio y no un fin. Las normas son producto del momento histórico de los pueblos, y por naturaleza deben evolucionar para adecuarse al desarrollo, a las nuevas condiciones sociales. El mercado energético mexicano es un monopolio gracias al cual pagamos electricidad cara, gasolina cara y la manutención cara de una industria hoy obsoleta, que bajo el esquema vigente reduce la riqueza y la capacidad de desarrollo de todos los mexicanos, lesionando nuestra soberanía antes que protegerla. Lo que sí expresaría identidad nacional es dar seguimiento objetivo a las maniobras que pudieran estarse realizando en el sector, puesto que la ciudadanía organizada puede convertir a la libre expresión (garantía individual consagrada en la Constitución) en arma y defensa poderosa. Ya existen convenios con particulares que generan su energía y pueden vender los excedentes; contrario a los argumentos de algunos legisladores perredistas esta situación no es necesariamente señal de una privatización de la industria. Una adecuada normatividad para estas actividades puede asegurar la rectoría del estado en el sector y al mismo tiempo modernizarlo en segmentos que permitan reducir costos y aumentar la eficiencia, logrando el acceso de los consumidores a productos de mayor calidad. En ese sentido la legislación responsable implica transparencia, y ésta tiene su mejor estímulo en la participación ciudadana mediante la crítica, el debate y la opinión. El estado de inopia al que se ha acostumbrado la población mexicana (influenciada perniciosamente por el escaso interés dado a la cultura, el deporte y el desarrollo de educación de calidad) amenaza con dejar a la Constitución, y aún a todo el aparato legal, como meros alfiles del capitalismo neoliberal montando una parodia de progreso; la opinión pública tiene una baraja que puede decidir el rumbo del crecimiento nacional, pero debe interesarse por ella para aprovecharla.
Sobre la privatización de las empresas del sector energético, es dudoso que la misma se realice; además de que los más variados sectores se oponen a ella – incluyendo aquellos con injerencia en la decisión oficial –, está claro que el Estado tiene plena capacidad para sanear algunos de los vicios más arraigados que han impedido el desarrollo de PEMEX y CFE (como el asfixiante régimen fiscal y la corrupción sindical) sin necesidad de asumir el costo político de vender las paraestatales. De lo que puede estarse hablando (ahora con un matiz de necesidad) es de la forma de incentivar y controlar desde la iniciativa privada la producción de energía renovable, área cuyo aprovechamiento ya es tan urgente como el saneamiento de las energéticas. Hoy día no tenemos en México ni investigación para el desarrollo de fuentes alternativas de energía ni instalaciones para el aprovechamiento de las abundantes fuentes renovables del país. Empero, es imprescindible elaborar una adecuada planeación y contar con un marco regulatorio ex profeso antes de abrir paso a la inversión privada en cualquier segmento de la producción de energía; recordemos la privatización de la telefonía, que buscaba terminar con la ineficiencia de un monopolio público y terminó en el deplorable control de precios y oferta de servicios del actual monopolio privado.
Acerca de la apertura de las paraestatales al capital privado, es preciso anotar: el Estado conserva en todo momento por facultad constitucional la propiedad de los bienes de la nación, y cuenta por tanto con derecho y capacidad para dirigir la actuación de los particulares en la operación de las industrias estratégicas. Parte del motivo por el que ha crecido indebidamente el poder de mercado de los monopolios en diversos sectores económicos ha sido el contubernio vergonzante del Estado regido por la derecha, cuyos titulares se han preocupado por ganar el favor de los dueños del capital nacional y extranjero (lo cual de paso nos remite de nuevo al tema de la legitimidad del gobierno de Calderón y su necesidad de apoyo de las altas esferas industriales). Los analistas financieros, economistas y expertos de negocios en general tradicionalmente aceptan el paradigma neoliberal del libre mercado y la no intervención del estado en la economía; pero por desgracia todos parecen haber olvidado que la función esencial del estado es la de mantener la regulación que corrija las fallas de mercado, que siempre se presentan. Semejantes fallas incluyen la excesiva concentración de poder monopólico, la consecuente falta de opciones de consumo para el comprador interno, la competencia desleal y la falta de transparencia de los inversores privados, y han agudizado la desigualdad social que aqueja a la mayoría de la población ante la tolerancia de un gobierno que desde Vicente Fox se ha mantenido en silencio.
Y respecto de las modificaciones constitucionales, a propósito de las que podrían tener lugar en el marco de la apertura del sector energético, yo voto por que seamos ciudadanos críticos antes que nacionalistas exacerbados: la ley es un medio y no un fin. Las normas son producto del momento histórico de los pueblos, y por naturaleza deben evolucionar para adecuarse al desarrollo, a las nuevas condiciones sociales. El mercado energético mexicano es un monopolio gracias al cual pagamos electricidad cara, gasolina cara y la manutención cara de una industria hoy obsoleta, que bajo el esquema vigente reduce la riqueza y la capacidad de desarrollo de todos los mexicanos, lesionando nuestra soberanía antes que protegerla. Lo que sí expresaría identidad nacional es dar seguimiento objetivo a las maniobras que pudieran estarse realizando en el sector, puesto que la ciudadanía organizada puede convertir a la libre expresión (garantía individual consagrada en la Constitución) en arma y defensa poderosa. Ya existen convenios con particulares que generan su energía y pueden vender los excedentes; contrario a los argumentos de algunos legisladores perredistas esta situación no es necesariamente señal de una privatización de la industria. Una adecuada normatividad para estas actividades puede asegurar la rectoría del estado en el sector y al mismo tiempo modernizarlo en segmentos que permitan reducir costos y aumentar la eficiencia, logrando el acceso de los consumidores a productos de mayor calidad. En ese sentido la legislación responsable implica transparencia, y ésta tiene su mejor estímulo en la participación ciudadana mediante la crítica, el debate y la opinión. El estado de inopia al que se ha acostumbrado la población mexicana (influenciada perniciosamente por el escaso interés dado a la cultura, el deporte y el desarrollo de educación de calidad) amenaza con dejar a la Constitución, y aún a todo el aparato legal, como meros alfiles del capitalismo neoliberal montando una parodia de progreso; la opinión pública tiene una baraja que puede decidir el rumbo del crecimiento nacional, pero debe interesarse por ella para aprovecharla.
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