Update: La presión de la iglesia hacia la SCJN

El pasado domingo la iglesia católica mexicana se quito la máscara, en una exhibición del cinismo que ya la caracteriza, ahora que ha encontrado en el presidencialismo panista un respaldo a sus posiciones reaccionarias: Carlos Aguiar Retes, presidente de la CEM, envió un mensaje a la sociedad con la gastada retórica de la defensa de la vida (que de paso engloba la defensa del poder mediático del catolicismo en la sociedad mexicana), en un claro intento por presionar a la Suprema Corte para declarar inconstitucional la despenalización del aborto. Nuevamente me permito recordar que Sergio Aguirre Anguiano, quien lleva la propuesta de inconstitucionalidad ante el pleno de la Corte, es un claro aliado de los intereses de la derecha y que fue uno de quienes decidieron negar la evidencia en contra de Mario Marín en el caso de Lydia Cacho. Y nuevamente, me permito hacer un llamado ahora a protestar en contra de esta agresión al estado laico: los ministros de culto religioso no tienen atribución para opinar en cuestiones políticas, y permitírselos ha derivado en una regresión al oscurantismo de la iglesia en el poder. La propuesta de inconstitucionalidad no tiene sustento y es dudoso que se apruebe, como lo demuestran estas patadas de ahogado de la CEM; pero la presión que puede ejercer la sociedad civil es clave para apuntalar nuestras ibertades. Defendamos la vida: una vida de libre albedrío, de vivir y morir con dignidad, de amplio criterio y de tolerancia, de respeto y de igualdad. SÍ al estado laico, SÍ la libertad de la mujer sobre su cuerpo, SÍ a la eutanasia (la muerte digna), SÍ al matrimonio homosexual; NO a la impunidad de la iglesia, NO a su contubernio con los poderosos, NO a su poder en la esfera pública, NO a su pederastía, NO a su hipocresía, NO a su pugna por el control social. Por el futuro, que México se desarrolle sin estos lastres, culturalmente, económicamente, sustentablemente, democráticamente. Por el futuro, que luchemos todos por que así sea.

Spot de la Conferencia del Episcopado Mexicano (Carlos Aguiar Retes):

http://www.youtube.com/watch?v=BE2WtohvznU

Escotes, aborto y pederastas: la amenaza de la iglesia católica en el poder

Los jerarcas de la Iglesia católica mexicana saben que cuando declaran una tontería causan revuelo, de eso no hay duda; por eso me inquieta un poco cuando tal cosa sucede (buscarán distraer la atención de algún hecho relevante). Así las cosas, la declaración del viernes 15 de agosto por parte de la Arquidiócesis de México nos merece atención, pensando en lo que el clero podría estar pensando en ensombrecer. La iglesia católica mexicana “recomendó” a las mujeres evitar el uso de ropa provocativa, de escotes y minifaldas, así como una serie de prohibiciones en cuanto al trato con el sexo masculino “para evitar ser víctimas de agresiones”; ya varios columnistas han abordado el tema en estos días, afirmando con razón que la actitud del clero equivale a culpar a la víctima de una violación por haber sido objeto de tal abuso. Sergio Sarmiento comentó atinadamente que es una indecencia de parte de la Iglesia venir con semejantes moralismos cuando por todos los medios desde el papado de Juan Pablo II ha encubierto con tesón a sus más activos pederastas, y que un razonamiento como el que han expuesto concluye que también los menores víctimas de estos criminales eclesiásticos son los únicos culpables de la vejación en su contra. En fin, estos días no han sido escasos de recriminaciones bien merecidas contra la Arquidiócesis de México. Pero si estas reacciones ellos ya se las esperan, ¿qué velada intención manejarán los secuaces de Norberto Rivera desde su trinchera religiosa? Creo que hay un interesante evento en la agenda política del Distrito Federal que a estos arcaicos prelados les conviene mucho distraer de la atención pública.
En abril de 2007 la despenalización del aborto en el Distrito Federal marcó un importante avance en materia de derechos civiles y de salud pública; este 2008, a más de un año de distancia, las cifras son reveladoras y rebaten rotundamente los argumentos en contra: en el primer año en vigor de la nueva ley, se registraron 7.820 abortos legales, con solo 31 eventos con complicaciones y un fallecimiento. El anterior secretario de salud capitalino, Manuel Mondragón y Kalb (actual titular de la SSP del DF tras la remoción de Joel Ortega por el caso New’s Divine) comentó que un 20% de los casos fueron de mujeres de fuera de la capital, desmintiendo la versión de que la ciudad de México se volvería un centro masivo de abortos. Además, las solicitantes tienen acceso a un servicio de consejería en los hospitales que realizan esta práctica, y las cifras indican que menos de la mitad de las mismas decide abortar por la orientación que reciben. Como era de esperarse, la derecha reaccionó condenando esta modificación a la ley; en mayo de 2007 la CNDH y la PGR iniciaron una controversia constitucional contra la legalización del aborto. José Luís Soberanes y Manuel Medina Mora consideraron violatorio de la Constitución que se permitiera la interrupción del embarazo, pese a que el doctor Raúl Carrancá, uno de nuestros grandes constitucionalistas, advirtió de inicio que la medida no era violatoria de la Carta Magna bajo ningún sentido e interpretación. No suena extraño, ya que el gabinete calderonista ha dado pruebas fehacientes de estar sumido en la más completa ignorancia de la Constitución en toda forma; en fin, el caso es que al día de hoy la Corte se encuentra dividida en la decisión final de esta controversia sin fundamento. La anulación de la reforma a favor del aborto está siendo promovida por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, a quien le debemos, junto con Mariano Azuela Güitrón, que la causa de Lydia Cacho se desechara y se negara la solicitud de juicio político a Mario Marín “porque no hubo pruebas de que se violaron las garantías individuales de la periodista”. Para quienes no son capaces de juzgar lo evidente, no es gratuita la ignorancia de la constitución.
El caso es que este viernes 15 de agosto Sergio Aguirre presentó su proyecto de sentencia para esta controversia, a favor de anular la despenalización, y al parecer cuenta con apoyo de Azuela y del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia. Este oscuro personaje necesita lograr 8 votos de los 11 totales para echar abajo la despenalización y con ello un logro en materia de derechos civiles, que a los sirvientes de la derecha no les sientan bien. Mi punto es que ya en otras ocasiones se ha probado la fuerza de la opinión pública; sin haber estado correctamente encaminada, la movilización ciudadana de López Obrador sirvió para que millones de mexicanos estuviéramos conscientes de las serias dudas sobre temas tan importantes y obvios como la legitimidad de la elección de 2006, la transparencia de las instituciones públicas y la imparcialidad de muchos de los funcionarios del actual gobierno. Sergio Aguirre es un buen ejemplo, al haber dado implícitamente la razón a Kamel Nacif, quien sabemos influye en varios políticos con cargos a nivel federal; otro gran ejemplo, ya experimentado en desvergüenza, es el secretario de gobernación Juan Camilo Mouriño, quien en reunión con la Conferencia del Episcopado Mexicano le ofreció total apoyo a la iglesia católica en contra de esta reforma, torciendo así su función como servidor público. En esta ocasión, el tema es bastante susceptible de presión pública, porque se intenta alienar un derecho fundamental de la mujer a decidir sobre su sexualidad, su cuerpo y su plan de vida, con un argumento endeble sobre “la cultura de la vida” que la iglesia católica es la primera en no apoyar. El alto clero conoce esta situación, y no se me hace extraño que justo ahora los esbirros de Norberto Rivera caldeen los ánimos con una declaración absurda como la de los escotes y la ropa provocativa; esta semana el proyecto resolutivo de Aguirre Anguiano será revisado y se espera que la discusión inicie el 25 de agosto. Si la iglesia logra distraer la atención del mismo, pueden fácilmente dar un “madruguete” con la anulación de la reforma sin levantar mucho polvo. Aún en la Corte el proyecto se ve difícil por la incertidumbre que generan las posiciones de los magistrados, pero definitivamente es un tema del cual debemos estar pendientes.
Una prueba del poder que ejerce la opinión pública la dieron hoy domingo las manifestantes a las afueras de la Catedral metropolitana del Distrito Federal: vestidas con minifalda y empuñando pancartas con frases decisivas como: “De trabajadora sexual o de monja, yo decido el vestido” y “Saquen sus rosarios de nuestros cuerpos”, protestaron enérgicamente contra las declaraciones misóginas y sexistas de la iglesia. Desde luego, Norberto Rivera no podía permitir correr el riesgo de enfrentarse a una turba; las puertas de catedral fueron cerradas, en teoría para resguardar la integridad de los feligreses – y de ninguna manera para resguardar la santa persona del cardenal, quien se ha preocupado más de los manotazos a su camioneta que de sus feligreses agredidos por sus curas pederastas –. Estas manifestaciones son buenas, pero no hay que permitir que caigan en saco roto. El oscurantismo de la iglesia cierne sus sombras esta semana sobre la resolución de la Suprema Corte; si permitimos que den marcha atrás con la interrupción del embarazo, empezarán a obtener poder y prebendas políticas, y seguirán las cacerías de brujas a los abortistas, luego a los homosexuales, posteriormente a las madres solteras, a las parejas en unión libre, y finalmente a los librepensadores y todo aquel que se vuelva en contra del orden y razón del estado eclesiástico. La iglesia como institución de espiritualidad social, es bienvenida; pero que nunca nos vuelva a pasar tener una iglesia tenedora de poder político, porque en esos momentos ha sido cuando el catolicismo nos ha mostrado su naturaleza más intolerante, más cruda y más sanguinaria. Recordemos si no a los maestros mártires de la Guerra Cristera – y no a esos pseudomártires criminales y asesinos cristeros que tanto insisten en canonizar –.

Lección de historia contemporánea: Ortiz, Calderón y la defensa del Banco de México

En días recientes el gobernador del Banco de México, Dr. Guillermo Ortiz Martínez, ha sido objeto de severas críticas ante la presunta laxitud en la actuación del instituto monetario frente al alza inflacionaria. Después de diez años de sólida conducción de la política monetaria mexicana, la capacidad del doctor Ortiz en los círculos financieros internacionales está fuera de toda discusión y se le reconoce como uno de los verdaderos artífices de la estabilidad macroeconómica de México (saco que arteramente se han querido colocar los panistas); sin embargo esto no ha impedido que en diversos medios, evidenciando todos ellos una profunda ignorancia y un contubernio oficialista y tendencioso, se le quiera mostrar como un funcionario incompetente sin voluntad de realizar una maniobra dictada desde fuera de la institución que preside. Para quien escribe estas líneas, dichos ataques son indignantes pero no sorprenden; invito al lector a revisar el pasado reciente de la administración pública nacional, del actual presidente de México y del titular del Banco central en este contexto.
Durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, Guillermo Ortiz fungió como subsecretario de Hacienda entre 1988 y 1994, habiendo ocupado previamente diversos cargos en las áreas de investigación del Banco de México. Con Ernesto Zedillo ocupó la SHCP desde 1994 hasta diciembre de 1998, cuando fue designado gobernador del Banco Central, y en 2004 durante la presidencia de Vicente Fox fue ratificado para mantener el cargo hasta 2010. Mientras tanto, Felipe Calderón era diputado federal en 1992, cuando se aprobó una reforma en materia energética que sentó las bases de la participación de capital privado en la generación de electricidad. Calderón fue uno de los 197 diputados que no se presentaron a la votación final para hacer patente su rechazo a la iniciativa; en aquel entonces los panistas ausentes se justificaron en voz de Fauzi Hamdam, quien declaró que la propuesta era lesiva al artículo 27 constitucional. Unos años después, en 1999, Ernesto Zedillo intentó reformar la Constitución para su propuesta de reforma eléctrica; el presidente del PAN, Felipe Calderón, condicionó la discusión de la privatización del sector eléctrico (sic) a cambio de la renuncia de Guillermo Ortiz a la gubernatura del Banco de México.
Este no es el primer ni el único desencuentro; después del rescate bancario posterior a la crisis de 1994 y durante las discusiones que darían origen al IPAB, el mismo Calderón pidió varias veces la renuncia de Ortiz a la gubernatura del Banco de México (periódico El Informador, diciembre 4 de 1998, páginas 1 y 25). De acuerdo con el presidente del PAN, el problema del rescate financiero se resolvería con la remoción de Ortiz; de cierta forma esta postura obedeció a la idea de constituir al IPAB con funcionarios que no hubieran formado parte de la administración pública en los años en los que se gestó la crisis del sistema bancario, lo cual es razonable. Pero entonces, menos de un año después, Calderón implementa la maniobra política de exigir la cabeza de Guillermo Ortiz a cambio de discutir la reforma eléctrica de Zedillo (a propósito, cuando posteriormente Calderón fue secretario de energía, no tuvo ninguna propuesta en materia de energía eléctrica). Recordemos que Vicente Fox inició su campaña presidencial con inaudita anticipación y para las fechas de que hablamos ya se vislumbraba una cerrada competencia electoral; para los panistas era conveniente tener tantas posiciones en la administración pública como fuera posible, dada la gran influencia mediática que ejerció la campaña foxista y que facilitaba la colocación de sus allegados en puestos clave. No suena descabellado pensar que la sobriedad y prudencia de Guillermo Ortiz se previera como un serio obstáculo para que los panistas de la ultraderecha impusieran su voluntad al llegar al poder, y que semejante lectura llevara a Calderón a formular una exigencia tan retrógrada e irrelevante como aquella. Sin embargo, y para beneficio de México el dr. Ortiz supo conducirse con toda dignidad y se abstuvo de entrar en una polémica que habría perjudicado el primer objetivo de Banco de México: cimentar una sólida reputación que le granjearía su credibilidad actual.
En sus exigencias absurdas de 1999 Calderón reveló la naturaleza de su compromiso con los intereses nacionales (buscando prebendas políticas para su partido); el pasado 4 de junio en Puebla el actual presidente declaró que sería deseable que Banxico disminuyera las tasas de interés domésticas por ser mucho mayores a las de E.U. teniendo una inflación similar, e irresponsablemente soltó al aire: “Ojala la autoridad monetaria (…) tenga esa consideración”. Aún más allá, este nuevo absurdo del michoacano ha servido para confirmar a algunos de sus esbirros en el sector privado: Televisión Azteca se dio a la tarea de secundar el disparate con sus acostumbrados reportajes tendenciosos y críticas malintencionadas en contra del gobernador Ortiz, “denunciando” que éste no sólo no había acatado la voluntad presidencial, sino que había actuado en contrario, llevando las tasas a la alza (lo anterior fue expuesto en un reportaje en el noticiero de Javier Alatorre)*. Esto tampoco es de extrañar; la televisora del Ajusco es experta en desinformar y tratar de polarizar a la opinión pública cuando se trata de alinearse con los intereses de la derecha. Lo que sí es de cuidado es la tendencia del presidente a denostar a los no integrantes del círculo calderonista, que por lo demás está formado por semipolíticos inexpertos, en buena medida inútiles, y para colmo, extremistas de derecha. Hace nueve años Calderón trató de remover a Guillermo Ortiz del Banco de México; hoy se ha atrevido a transgredir una regla económica tácita, que consiste en no contaminar las expectativas del mercado respecto a la actuación del Banco Central. Si Ortiz no hubiese logrado la credibilidad con que hoy cuenta, probablemente hubiéramos experimentado alguna reacción más notoria en los círculos financieros, pero por fortuna el gobernador es un economista experimentado y se ha mantenido fiel al mandato que lo obliga a mantener el control inflacionario.
La gubernatura del Banco se renueva en 2010, y no hay nadie mejor para ocuparla que el doctor Guillermo Ortiz – no contamos con nadie con la preparación académica ni la experiencia financiera que él posee –; además estamos hablando de un funcionario que ha sido consciente de la autonomía del instituto que preside y en esta línea ha cumplido cabalmente con el mandato constitucional de mantener el poder adquisitivo de la moneda (o sea controlar a toda costa la inflación, uno de los muchos atributos constitucionales que Calderón desconoce). Revisando la historia reciente, en materia de desarrollo financiero, de mercados saludables, de estabilidad cambiaria, de buena salud de las finanzas públicas y de conducción de política monetaria, los mexicanos de hoy le debemos mucho al gobernador Ortiz y a la noble institución en que se ha convertido el Banco de México. La permanencia en este cargo es saludable y refleja credibilidad; Allan Greenspan permaneció 19 años al frente de la FED habiéndose convertido en un auténtico gurú económico hasta hoy día. Guillermo Ortiz ha demostrado que posee el carácter, la integridad y la capacidad de dirigir los destinos económicos del país, y es una indignidad del presidente Calderón y de todos sus medios afines criticarlo con argumentos tanto facciosos como falsos. Afortunadamente la autonomía del Banco Central se mantiene a pesar de todo: hoy la tasa objetivo se elevó nuevamente a 8.25 puntos porcentuales en respuesta al pronóstico de mayor inflación en lo que queda del año. Con su sobria actitud, el gobernador del Banco de México defiende su puesto y se esfuerza, como no lo ha hecho el gobierno de Calderón, por cimentar mejores condiciones de desarrollo para los mexicanos.



* El Banco de México es autónomo por mandato constitucional; esto implica que ningún funcionario público fuera del Gobernador puede tomar decisiones, influir en las mismas, o dictar o sugerir pautas de acción para el instituto (así se trate del Ejecutivo, del Presidente del Congreso o de la Suprema Corte).